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Alto contraste
Fernanda García
La aprobación de la megarreforma económica es un triunfo político del Gobierno y del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. La apuesta es audaz y no está exenta de riesgos: combina incentivos, rebajas tributarias y cambios regulatorios en un escenario fiscal estrecho. Su mérito no radica en ser incuestionable, sino en ofrecer una hipótesis económica reconocible, defendida con razones y sometida durante la tramitación a ajustes sin abandonar su rumbo.
Esa es la lección que Juan Andrés Fontaine reconstruye en “El Gran Impulso”, recientemente publicado por Faro UDD Ediciones (excusará el lector la referencia). El segundo ciclo reformista chileno (1985/1989) no prosperó por la infalibilidad de sus protagonistas, sino porque, después de una crisis severa, pudieron admitir errores, corregir instrumentos y perseverar en sus convicciones. La consistencia no consistió en repetir, sino en corregir sin renunciar.
El contraste con la reforma constitucional de seguridad resulta incómodo porque su orientación general también merece respaldo. La seguridad es condición para el ejercicio de los demás derechos. El terrorismo y el crimen organizado amenazan a sus víctimas, pero también al orden democrático, y justifican respuestas diferenciadas. El Gobierno cuenta, además, con el viento de cola de una ciudadanía que exige autoridad.
“La tradición humanista que inspira a quienes defendemos una sociedad libre nunca ha exaltado simplemente el mercado ni la autoridad, a diferencia de lo que denuncian las caricaturas. Ha defendido mercados bajo reglas y autoridad sometida al Estado de Derecho”.
Pero escuchar ese clamor no consiste en amplificarlo, sino en dotarlo de contenido, razones, límites y forma institucional. Cuando una demanda legítima se alimenta solo con consignas, sin traducirse en una política rigurosa, la autoridad deja de conducir y comienza a seguir. En ese tránsito, la respuesta democrática a una preocupación real corre el riesgo de degradarse en populismo. Por eso es tan claro que para el gobierno responsable, una causa justa no vuelve correcta cualquier herramienta.
Potestades excepcionales imprecisamente delimitadas, decisiones que requieren garantías judiciales entregadas a órganos políticos y habilitaciones amplias para restringir derechos no expresan firmeza. Expresan tosquedad jurídica. Cuanto mayor es el poder que se confiere al Estado, más estrictos deben ser su diseño y sus límites.
La diferencia entre ambos proyectos no está entre una propuesta valiente y otra timorata. Ambas son audaces. Está en el rigor que convierte una convicción en política responsable. En economía exige evidencia, consistencia fiscal y mecanismos de corrección. En seguridad, proporcionalidad, debido proceso y separación de poderes. Son expresiones distintas de una misma seriedad institucional.
La tradición humanista que inspira a quienes defendemos una sociedad libre nunca ha exaltado simplemente el mercado ni la autoridad, a diferencia de lo que denuncian las caricaturas. Ha defendido mercados bajo reglas y autoridad sometida al Estado de Derecho. El viento de cola puede impulsar una agenda, pero no reemplaza su arquitectura. Para quienes defendemos el orden y la libertad, esto es fundamental.
