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Alto contrasteFortalecer las alianzas público-privadas
HERNÁN CHEYRE V. Centro de Investigación Empresa y Sociedad (CIES) UDD
Hernán Cheyre
En el debate acerca del rol que debe tener el Estado en la promoción del desarrollo económico y en la provisión de bienes y servicios públicos que son fundamentales para la ciudadanía, la búsqueda de acuerdos se empantana cuando la discusión se entrampa en el eje empresa privada vs. empresa pública. Es por ello que desde hace bastante tiempo se viene avanzando en Chile por la línea de lo que son las alianzas público-privadas (APP). Bajo esta mirada el foco se coloca en el mejor rol que pueden desempeñar los distintos actores -públicos y privados- para entregar soluciones a problemas específicos de una manera eficaz.
El ejemplo más conocido son las concesiones de obras públicas, mediante lo cual el Estado delega en un tercero la construcción y operación de un determinado proyecto, otorgándole el derecho de explotación por un cierto número de años, siendo el privado quien financia las obras y asume los riesgos asociados al proyecto.
“El próximo gobierno tiene una gran oportunidad para fortalecer este camino, que no solo permitirá un uso más eficiente de los recursos, sino que además adquiere especial relevancia en un contexto de estrechez fiscal”.
Bajo distintas modalidades este mismo concepto se ha venido aplicando en distintos sectores (cárceles, hospitales, servicios sanitarios, explotación del litio), pero lamentablemente en los últimos años se viene observando un menor dinamismo en la materia, con lo cual se están perdiendo numerosas oportunidades que son fundamentales para el desarrollo económico y social de Chile.
Por cierto, el modelo de las APP no es una particularidad de nuestro país, observándose un número creciente de casos en los que se vienen implementando distintas modalidades de APP para resolver problemas en una amplia variedad de áreas que tradicionalmente habían sido abordadas directamente por el Estado y este cambio de enfoque viene siendo la consecuencia de la insuficiente capacidad de gestión de los organismos estatales y de la creciente dificultad por acceder a fondos públicos para financiar las inversiones requeridas.
Chile necesita continuar avanzando en esta línea, fortaleciendo el uso de este mecanismo en los sectores donde ya se viene operando, pero también implementándolo en áreas como la construcción y operación de establecimientos de educación pública, en la construcción de viviendas con contratos que establezcan pagos diferidos en el tiempo por parte del Estado, y también en lo que se conoce como bonos de impacto social, donde para resolver un problema específico, operadores privados asumen el desafío -y el riesgo correspondiente-, siendo remunerados en función del grado de cumplimiento de las metas previamente acordadas.
El próximo gobierno tiene una gran oportunidad para fortalecer este camino, que no solo va permitir un uso más eficiente de los recursos, sino que además adquiere especial relevancia en un contexto de estrechez fiscal, donde la priorización de los escasos recursos públicos disponibles debe conducir naturalmente hacia una focalización en ámbitos donde están las necesidades más urgentes por atender, buscando la articulación de recursos privados para resolver problemas en todas aquellas áreas donde hay espacios para las alianzas público- privadas. Este enfoque no es ideológico, sino que pragmático.
