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Alto contraste
Gabriela Clivio
Las decisiones que se postergan tienen costo asociado. En el debate sobre el proyecto de reactivación —o de reconstrucción nacional— gran parte de la discusión se ha centrado en el adjetivo y no en el problema de fondo: el bajo crecimiento de Chile. El país enfrenta un escenario de crecimiento en torno al 1–2% anual, muy lejos de lo que necesitamos para sostener empleo, reducir brechas sociales y converger a los niveles de ingreso per cápita de economías desarrolladas. El IPoM de junio y las proyecciones de distintos organismos recogen justamente ese cuadro.
Mientras tanto, se discute si el proyecto de reactivación es demasiado proempresa, poco focalizado socialmente o fiscalmente riesgoso. Es válido debatir la calidad de su diseño, pero no es razonable ignorar que, si no hacemos nada, estamos aceptando otro ciclo de crecimiento mediocre como si esto fuera una fatalidad y no el resultado de decisiones y omisiones concretas.
El corazón del proyecto apunta a destrabar inversión y empleo en un contexto de alta desconfianza. Entre sus medidas están: la reducción gradual de la tasa de impuesto corporativo, la exención transitoria de IVA a la vivienda, incentivos tributarios al empleo formal y alivios de caja para empresas que hoy operan al límite. Esto se complementa con cambios en permisos y evaluación ambiental para reducir la incertidumbre regulatoria. Pero el diagnóstico de base es correcto: Chile tiene un problema de reglas claras, incentivos y expectativas. Cuando la tasa de crecimiento esperada es de 1% y el horizonte regulatorio es difuso, la decisión racional para muchas empresas es postergar sus proyectos, no contratar y acumular liquidez. En ese entorno, el Estado puede gastar más, pero si no modifica el marco para invertir y emplear, el efecto sobre el PIB tendencial será marginal.
Un país creciendo al 1% y discutiendo eternamente sus reformas envía una señal clara a los inversionistas: busquen oportunidades en otra parte.
La aprobación del proyecto de reactivación es una urgencia macroeconómica, no ideológica. No se trata de aprobar cualquier cosa a la rápida, sino de entender que la inacción es una decisión que tiene costos en crecimiento, empleo y recaudación futura. Existe también, un componente distributivo importante. Un país creciendo al 1% y discutiendo eternamente sus reformas envía una señal clara a los inversionistas: busquen oportunidades en otra parte.
Postergar medidas que mejoren la competitividad tributaria, simplifican trámites y fortalecen la inversión en vivienda e infraestructura es en los hechos regresivo. Cierto es que el proyecto no es perfecto, y hay aspectos que pueden afinarse. Sobre estos aspectos debiera girar la conversación y no sobre cómo dilatar la aprobación indefinidamente. Chile ya probó la combinación de alta incertidumbre política, reformas fragmentadas y ausencia de una agenda clara de crecimiento. El resultado fue una década perdida en términos de PIB tendencial. Repetir esta fórmula es una apuesta riesgosa para familias y empresas que ya no tienen margen para seguir soportando otro ciclo de bajo crecimiento. La discusión sobre el proyecto de reactivación debe centrarse en si ayuda o no a corregir el deterioro que ya muestran las proyecciones macroeconómicas. Esa es la vara con la que debe medirse.
