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Impuestos verdes, no inmaduros

La recomendación de la OCDE de favorecer la introducción de los llamados...

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La recomendación de la OCDE de favorecer la introducción de los llamados “impuestos verdes”, determinó que ellos formaran parte de la propuesta de reforma tributaria. Variados economistas, ejecutivos y empresarios han apoyado el concepto, particularmente si está ligado a la huella de carbono. Otros han expresado sus dudas respecto a los costos involucrados y a los beneficios de adelantarse a los acuerdos internacionales vinculantes.



Haciendo un símil con el desarrollo de los tratados de libre comercio, un acuerdo vinculante único y global para combatir el cambio climático puede ser un objetivo de largo plazo, pero en el intertanto se ha producido una multiplicación de marcos regulatorios nacionales y regionales. Estos acuerdos incluyen cláusulas de reciprocidad y, por ende, resulta miope esperar al “gran acuerdo” para promover una acción proactiva en el país.

En segundo lugar, la diplomacia ha sido superada por las propias empresas en adelantarse a enfrentar el issue climático. Las cadenas de retail en el mundo desarrollado han definido estrategias y métricas claras de progreso a sus proveedores, como bien lo saben las compañías chilenas que compiten en esos mercados. Pero aún más, muchas empresas se han adelantado a la regulación. BHP Billiton, el principal operador privado de la minería en el país -y del mundo-, evalúa todos sus proyectos considerando las emisiones de CO2 que produce. ¿A qué precio? A uno igual al del impuesto a la huella de carbono que se aprobó en 2011 en Australia, es decir, alrededor de 23 US$/tonCO2.

La experiencia de la Bolsa de Clima de Santiago no es diferente a los casos anteriores: ninguna empresa trata de crear valor por diferenciación con el atributo de CO2 neutralidad favoreciendo proyectos chinos, rusos o indios. Ellas buscan generar una identidad con sentido en nuestras comunidades, nuestros territorios y nuestras innovaciones. Así, se entiende que el carbono no sea un commodity como en Europa, sino el eslabón final de su estrategia de competitividad sustentable. A partir de ello es que Ecosystem Marketplace señala que la experiencia de Australia, Chile, Brasil y Sudáfrica, mostrará el camino para la regulación futura en este campo, partiendo por las oportunidades que existen de generar sus propias industrias verdes, y no tomando como dato el rayado de cancha que buscaron imponer las economías del Norte.

Entonces, ¿cómo establecer correctamente un impuesto a la huella de carbono, que mejore nuestra posición en las negociaciones internacionales, que sea fácil de implementar, que no cumpla sólo con un efecto recaudador sino favorezca reducciones efectivas de emisiones de CO2 y a la vez desencadene la innovación necesaria para generar una industria verde competitiva? Algunas sugerencias:
a) Formalizar la línea base de emisiones de Chile: para evitar que cualquier acción temprana no sea considerada luego como parte del escenario “business as usual”.

b) Definir los sectores/empresas afectas al tributo: dada la experiencia regulatoria existente (California, UE, Australia), parece razonable considerar sujeto del gravamen a las organizaciones con una huella de carbono igual o superior a 25 mil tonCO2 anuales.

c) Alcance: la huella de carbono tiene tres alcances, a saber: alcance 1 (emisiones directas), alcance 2 (emisiones indirectas por compras de energía) y alcance 3 (otras emisiones indirectas). En una primera etapa se recomienda gravar sólo las emisiones de alcance 1.

d) Modalidad: si sólo se impone un impuesto a las emisiones, el efecto es recaudatorio, pero poco efectivo en sectores como la minería para reducir emisiones. Más efectivo es establecer un mecanismo de “tax-and-trade”, donde las empresas puedan optar entre pagar el tributo o adquirir reducciones de CO2 certificadas (“bonos de carbono”). Sólo debieran aceptarse proyectos chilenos -de forma de asegurar reducciones efectivas en el país-.

e) Magnitud del impuesto: en Chile no parece necesario ni recomendable establecer un tributo desacoplado de la realidad del mercado del carbono. Un impuesto del orden de 10 US$/tonCO2, dadas las potencialidades que existen en el campo de la eficiencia energética y el sector agro-forestal, puede constituirse en la señal que desencadene un enorme impacto de innovaciones en proyectos efectivos de reducción de emisiones en el tiempo.

Los ministerios de Medio Ambiente y Energía han trabajado largamente en estos temas. Dado que existe el espacio y al parecer la voluntad política para avanzar en esta dirección, no perdamos la oportunidad de construir a partir del conocimiento y trabajo de otros.

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