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Alto contrasteLa invariabilidad tributaria: ¿el retorno de la certeza jurídica para todos?
PATRICIO SILVA-RIESCO SOCIO FUNDADOR SILVA-RIESCO ABOGADOS
La vorágine tributaria destruye la certeza jurídica, es una conclusión que siempre queda sobre la mesa al momento de analizar las políticas de los últimos gobiernos. Con reformas impositivas de fondo implementadas casi a ritmo bianual, sumadas a virajes administrativos e interpretativos por parte del organismo fiscalizador, invertir en Chile a mediano y largo plazo se convirtió en una apuesta de riesgo normativo.
En este complejo escenario, el estatuto de invariabilidad tributaria introducido por la ley de reconstrucción emerge como un acierto de pragmatismo económico. La norma busca resucitar, de forma parcial y bajo una nueva arquitectura, el espíritu del extinto Decreto Ley 600, el instrumento que durante tres décadas transformó a Chile en el imán de capital extranjero más eficiente de la región.
Garantizar un marco impositivo estable por plazos de hasta 10, 15 o 25 años a proyectos que superen los US$ 50 millones no es un privilegio fiscal. Se trata de reconocer que los grandes desarrollos de infraestructura, minería o energía requieren horizontes temporales previsibles que trasciendan los ciclos gubernamentales y las urgencias de caja de turno.
“La norma busca resucitar, de forma parcial y bajo una nueva arquitectura, el espíritu del extinto Decreto Ley 600, el instrumento que durante tres décadas transformó a Chile en el imán de capital extranjero más eficiente de la región”.
Sin embargo, el instrumento deja en evidencia una peligrosa asimetría. ¿Por qué la estabilidad jurídica debe ser un lujo reservado únicamente para los grandes capitales? El mediano y pequeño inversionista nacional, es decir aquel que si bien no invierte los US$ 50 millones mencionados, sí genera gran parte del empleo formal del país, continúa atrapado en vorágine impositiva. Cada cambio de tasa, reestructuración de la base gravable o ajuste en los regímenes de reintegración afecta de manera desproporcionada la caja y planificación del empresario local.
La certeza no debiera ser una excepción negociada vía contrato-ley, sino una garantía institucional del Estado de Chile. El marco dogmático ya existe en nuestra Constitución: la intangibilidad de la propiedad (Art. 19 N° 24) y la prohibición de afectar los derechos en su esencia (Art. 19 N° 26) deben operar contra la arbitrariedad tributaria.
La ley de reconstrucción da un paso correcto en el diagnóstico. Pero la tarea quedará incompleta mientras no entendamos que la seguridad jurídica tributaria no es un incentivo transitorio para atraer a grandes conglomerados extranjeros, sino el piso mínimo de respeto constitucional que el Estado le debe a todo quien invierte en Chile, sin importar el tamaño de su balance.
