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Los costos de las indefiniciones en materia ambiental

El congelamiento de la línea de transmisión de Hidroaysén es sólo una consecuencia más de la incertidumbre a la que se ven expuestos los inversionistas en materia ambiental.

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El congelamiento de la línea de transmisión de Hidroaysén es sólo una consecuencia más de la incertidumbre a la que se ven expuestos los inversionistas en materia ambiental.

En el último tiempo hemos visto cómo la evaluación ambiental de los proyectos se está volviendo un verdadero campo minado, en el que los requerimientos de información y criterios de evaluación van variando de región en región. Este fenómeno se genera por la falta de definiciones normativas que la administración, por una decisión política o por incapacidad, no ha solucionado.

En este contexto, los problemas que se presentan en el otorgamiento de algunos permisos (por ejemplo la Calificación Industrial) son generados porque la autoridad sectorial prefiere mantener la indefinición como un área de acción donde puede hacer uso y abuso de su discrecionalidad para el caso a caso. 
A la situación antes expuesta, se debe sumar la falta de lineamientos en la aplicación de la nueva legislación, como es el caso del procedimiento de Consulta a los pueblos originarios que establece el Convenio Nº 169 de la OIT. Al respecto, mientras la autoridad piensa cómo regular esta materia, la Corte Suprema ha resuelto dejar sin efecto las autorizaciones ambientales de los proyectos “Parque Eólico Chiloé”, “El Morro”, “Prospección Paguanta”, entre otros, definiendo dicho tribunal el cómo debe realizarse la Consulta. Este rol regulador de la Corte Suprema surge sólo por la inacción de la autoridad administrativa.

El escenario antes expuesto también provoca una pérdida de credibilidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, debido a que los ciudadanos creen que es un sistema altamente discrecional, y por otra parte, los titulares consideran que es un sistema que no entrega seguridad jurídica alguna. Todos pierden.

Por lo anterior, resulta urgente que la autoridad administrativa entregue definiciones, ya que la inacción está trayendo grandes costos a la ciudadanía y a los titulares de los proyectos.

No se debe perder de vista que los titulares de los proyectos prefieren por lejos una norma exigente, que exponerse a un aspecto no regulado que pueda ser utilizado como argumento de rechazo por grupos opositores al mismo.

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