Los retos para 2024

CATALINA BINDER

Todo un desafío es abordar los pendientes en materia de infraestructura en 2024. Un año en que el crecimiento del país será casi nulo, por lo que se requiere retomar con urgencia el dinamismo en los proyectos de inversión.

Los gremios de la construcción ya hicieron un llamado a fines de 2023, pidiendo que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) agilice obras en concesiones por US$ 6 mil millones para impulsar el empleo (8,7% entre septiembre y noviembre pasado). Se trata de obras de seguridad, túneles, enlaces y otros, que ya tienen aprobación para partir o la obtendrían durante este año.

“Como CPI apoyamos decididamente que se planteen desafíos como la creación de un Consejo Asesor en infraestructura. Existen experiencias como la de Australia, donde ya tienen este tipo de institucionalidad exitosa”.

De cara al escenario actual, es clave llevar adelante el “Pacto por el crecimiento” anunciado por el Ministerio de Hacienda. Este pacto busca activar la productividad, a través de más de 30 iniciativas, entre ellas, la racionalización regulatoria para proyectos de inversión, que incluye la modernización del sistema de permisos sectoriales -pudiendo los servicios contratar personal externo de apoyo para acelerar las tramitaciones-, además de modificaciones a la ley de procedimiento administrativo, en especial respecto a los plazos.

También aborda los procesos de aprobación de los permisos ambientales, eliminando el Consejo de Ministros y aplicando criterios de proporcionalidad. La idea es evitar que inversiones relevantes demoren años en su aprobación, como vimos en el caso del Hospital Salvador y los centros asistenciales de las regiones del sur, a los que se suman el Parque Barón por hallazgos arqueológicos.

La Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y la Sofofa han hecho sus propias propuestas, organizaciones que debieran siempre participar de los debates.

Como Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) también apoyamos decididamente que se planteen desafíos como la creación de un Consejo Asesor en infraestructura, el que tiene como objetivo planificar grandes obras a largo plazo. Esta iniciativa es materia de ley y su elaboración está en manos del MOP. Existen experiencias como la de Australia, donde ya tienen este tipo de institucionalidad exitosa.

Otro punto que se enfatiza en el pacto, tiene que ver con la planificación y puesta en marcha de infraestructura hídrica, como plantas de desalación, las que debieran impulsarse, cuando sea pertinente, por la vía de la asociación público-privada. Hace algunos días se aprobó una ley en ese sentido pues el país enfrenta una de las peores sequías de su historia y no hay tiempo que perder.

Otro eje en que se debe trabajar de manera decisiva este año se refiere a la modernización de la ley de puertos y la agilización de la construcción de terminales concesionados. Es preciso mirar el caso del Puerto Exterior de San Antonio, proyecto que lleva años paralizado, mientras nuestro vecino Perú, alista la inauguración del puerto de Chancay.

Al mismo tiempo los desafíos de la energía nos hacen mirar la meta de la descarbonización. Y para ello se requiere una extensa red que pueda cubrir las brechas, lo que se abordará a través de una línea de transmisión que debe concretarse al más breve plazo.

Todos estos proyectos son vitales para Chile. El desafío está en manos de todos, del Estado, los privados y las comunidades que deben seguir mirando como objetivo la ruta del crecimiento.