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Alto contraste
Luis Felipe Lagos
Desde siempre ha existido el populismo. En un artículo clásico, Dornbusch y Edwards (1990) analizan el populismo macroeconómico: un enfoque centrado en el crecimiento y la distribución del ingreso que ignora los riesgos de inflación, déficit fiscal y externo y el comportamiento de los individuos. Por cierto, se trata de un crecimiento no sostenible, inducido por la demanda agregada (gasto fiscal) y no por reformas estructurales orientadas a la oferta y crecimiento de tendencia.
El populismo macro termina mal, perjudicando en mayor medida a los que se suponía debía favorecer. El ejemplo más claro es el experimento de la UP en los ‘70: en 1972 la inflación llegó al 216%, el crecimiento -1,2% y el déficit fiscal alcanzó un 13% del PIB.
El populismo no solo responde a la política de gobierno, también proviene de la acción legislativa, que es lo que observamos en el presente. Un punto de inflexión reciente lo constituye el discurso de un “parlamentarismo de facto” de 2020, los retiros de ahorro previsional y presiones para incrementar las ayudas estatales (IFE). Hubo beneficios de corto plazo para las familias, pero terminaron muy perjudicadas por menores pensiones, alza de la inflación y por el impacto en el mercado de capitales que encareció y limitó el acceso al crédito hipotecario.
“El populismo desprecia el análisis técnico, no solo de un economista A o B, sino de instituciones tan relevantes como el Banco Central o la CMF”.
El populismo se filtró en la ley de reconstrucción por exigencias para su aprobación, como por indicaciones parlamentarias. Por un lado, el PDG exigió que se eliminara el IVA a los remedios y pañales. Un IVA diferenciado distorsiona la asignación de recursos y altera las decisiones de consumo. ¿Cómo impedir que esto se generalice a la canasta básica de consumo? La leche sin IVA beneficia a los más pobres, pero también al rico que da más leche al gato. Afortunadamente, se optó por una bonificación y no una reducción del IVA. En el futuro, esto debiera enfrentarse con un impuesto negativo al ingreso (subsidio) a los más pobres.
Por otro lado, indicaciones con un sello populista son la prohibición del interés compuesto (anatocismo), el olvido financiero y la reconexión gratuita de servicios.
La prohibición del interés compuesto perjudica a los ahorrantes, al ser inviables los depósitos renovables y eleva el interés del crédito al no poder capitalizar los intereses en las repactaciones o períodos de gracia.
El “olvido financiero” al borrar información de los registros de deudas impagas, impide gestionar adecuadamente el riesgo financiero, elevando el interés de los créditos para buenos y malos pagadores. Afortunadamente, ambas fueron vetadas por el Ejecutivo.
La reconexión de servicios sin costo ni pago previo durante una catástrofe genera incertidumbre regulatoria e incentiva el incumplimiento.
El populismo legislativo responde a lo que “pide la gente”, sin reparar que la gente termina siendo la perjudicada. El populismo desprecia el análisis técnico, no solo de un economista A o B, sino de instituciones tan relevantes como el Banco Central o la CMF.
La guinda de la torta: el proyecto -no admisible- de una diputada del PDG para declarar feriado el 17 de septiembre.
