Royalty minero: control y transparencia en regiones

JUAN ALBERTO PIZARRO

Como una noticia positiva y un avance en descentralización se anunciaba en mayo 2023 la aprobación del royalty a la minería. En relación con estos nuevos recursos, se indicaba por parte del Gobierno que en forma importante irían al desarrollo de las regiones, permitiendo financiar una serie de obras y proyectos, incluso se anunció que los ingresos comenzarían a llegar en 2024 mediante un “Fondo Puente”, a la espera de la entrada en régimen de la norma contemplada para 2025.

Es así como el subsecretario de Desarrollo Regional ratificó que son 308 municipios los que van a recibir estos fondos, para libre disposición o destinarlos a proyectos específicos, una cifra no despreciable en régimen de 225 millones de dólares por año, a lo que se suma el fondo de equidad territorial de 170 millones de dólares al año.

“Es importante analizar si los gobiernos regionales están preparados para gestionar adecuadamente las importantes sumas que recibirán vía royalty, o si se deben previamente dar garantías reforzando los sistemas de control interno, rendición de cuentas, auditoría y transparencia”.

Entre tanto, el caso Convenios develó la debilidad de los sistemas de control y gestión de los recursos públicos destinados a financiar fundaciones y entidades sin fines de lucro. En dichos casos, precisamente, se han visto involucrados gobiernos regionales que en general serán los entes que recibirán parte importante de los recursos generados por el royalty minero a nivel de cada región.

Es así que, mientras se acerca la discusión del presupuesto de la nación, es importante analizar si los gobiernos regionales están preparados para gestionar adecuadamente las importantes sumas del royalty o si se deben previamente dar garantías reforzando los sistemas de control interno, rendición de cuentas, auditoría y transparencia. El riesgo no es menor, pues los recursos que se destinarán vía royalty a las regiones son casi 15 veces los fondos actualmente observados por Contraloría en el caso Convenios.

En la materia existen avances. La comisión para la probidad y la transparencia que trabaja convocada por el caso fundaciones, sin duda marcará un precedente de buenas prácticas sobre la base de los principios de la transparencia, efectividad, eficiencia y rendición de cuentas. Los avances y conclusiones de la comisión deben replicarse a otras áreas que requieren fortalecimiento de su institucionalidad, y la gestión de los recursos vía gobiernos regionales con seguridad será una de ellas.

En la misma línea, el proyecto de ley de descentralización y de rentas regionales trae medidas de regulación del gasto y la gestión presupuestaria y mecanismo de control y rendición de cuentas, los que sin embargo deben ser fortalecidos post caso Convenios.

Finalmente, debemos considerar que las medidas de fortalecimiento deben ser múltiples, de modo de minimizar los riesgos de desvío de recursos. Es necesario, por ejemplo, el fortalecimiento de la auditoría interna y externa de GORES; mayor eficiencia y transparencia en las licitaciones; que los proveedores del Estado realicen una declaración PEP y también de independencia respecto de los contratantes; que los pagos de proyectos sean por grado de avance y así minimizar los anticipos vía rendición.

También es necesaria una mayor rendición de cuentas a la ciudadanía. Una plataforma de transparencia única y total respecto a la asignación, uso y rendición de los fondos del royalty, puede ser un gran avance.