Si no funciona, arréglelo

Felipe Harboe Bascuñán

En columna del martes, el director ejecutivo del instituto Libertad y Desarrollo expone, de manera vehemente, su visión crítica respecto de algunas iniciativas legislativas en el ámbito de las desaladoras. Usando expresiones, a mi juicio, destempladas y descalificadoras, se refiere negativamente a algunas ideas que no comparte. Por eso creo pertinente aclarar algunos conceptos.

El dicho al que recure, “si funciona, no lo arregle”, lamentablemente no aplica al caso en discusión, ya que si hoy el Presidente Piñera está convocando de urgencia a un grupo transversal para enfrentar la mega sequía, es justamente porque el sistema no está funcionando y Chile se está secando.

Mi reflexión y propuesta están en el ámbito de lo estratégico y del interés general de la nación y no de la defensa (legítima) de un modelo de negocios, como hace el señor Larraín (ya que tenemos roles distintos). En efecto, la mega sequía es estructural y requiere de políticas públicas destinadas a enfrentar el fenómeno global, integralmente. Pretender hacer “más de lo mismo” para solucionar nuevos problemas ya fue calificado por Einstein hace muchos años. Para Chile, la sequía implica poner en riesgo su vocación agroalimentaria y ganadera, asumir el avance de la desertificación y, con ella, el aumento de terrenos degradados y, por tanto, improductivos.

Para ello, he propuesto una política pública de Estado (no de gobierno) que defina a la desalinización como eje estructurante, donde, a través de una empresa pública, una alianza público-privada o una empresa privada, licitada bajo el régimen de concesión de obra pública (nótese la apertura ideológica) que, en primer orden, tenga por misión recuperar terrenos degradados (previamente definidos por la autoridad) a través de sistema de riego y, luego, sea la encargada de implementar una estrategia para frenar la desertificación en zonas de creciente afectación. Todo ello, asociado a resultados medibles y cuantificables, incorporados en el modelo de negocios. Se trata entonces de una estrategia pública de Estado, de mediano y largo plazo.

Alguien se preguntará las razones para no hacerlo bajo el régimen actual. Simple: el actual modelo no contempla este tipo de misiones y no necesariamente los legítimos intereses de las empresas confluyen con los del país. Por ello es que se deben idear nuevas modalidades para hacer frente a problemas nuevos.

Toda iniciativa y propuesta puede y debe ser perfeccionada, pero descalificar a priori, sobre todo cuando no se consulta sobre el trasfondo de las mismas, no es síntoma de rigurosidad.

El país se construye valorando la diversidad y buscando el diseño de políticas públicas, basadas en evidencia y congregando a quienes entienden que no podemos seguir haciendo más de lo mismo para enfrentar los nuevos desafíos de la era digital y la era de la economía climática.