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Alto contrasteVentanas rotas en el IVA: el costo de tolerar la incivilidad
MARÍA TERESA VIAL Presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS)
Las incivilidades son conductas que, sin constituir necesariamente delitos, quiebran las normas básicas de convivencia, respeto mutuo y civismo. Saltarse una fila, ensuciar o vandalizar el espacio público son síntomas de un problema profundo: la convicción de que las reglas comunes son opcionales o para otros, y que el respeto al orden colectivo es secundario a mis propias necesidades o intereses inmediatos.
A principios de la década de 1980, los científicos James Q. Wilson y George L. Kelling formularon la célebre Teoría de las Ventanas Rotas. Su premisa era simple pero desoladora: si la ventana rota de un edificio no se repara rápidamente, la señal que se transmite al entorno es que a nadie le importa el lugar. Pronto, el resto de las ventanas serán destrozadas y el entorno se sumirá en el abandono y probablemente la criminalidad. El descuido menor alienta la transgresión masiva multiplicando su efecto negativo.
“Al intentar capturar necesarios recursos fiscales de una actividad declarada ilegal por el máximo tribunal de la República, el Estado incurre en una flagrante contradicción”.
Este fenómeno no se limita al urbanismo; opera con idéntica fuerza en el ámbito económico y de los mercados. Cuando como sociedad comenzamos a tolerar la “incivilidad comercial”, el saltarse estándares éticos o el operar de manera informal apelando al vacío regulatorio, terminamos normalizando el incumplimiento de la ley. La fe pública se erosiona y la certeza jurídica se debilita.
El World Justice Project a través de su Rule of Law Index (Índice de Estado de Derecho), demuestran consistentemente que los países que relajan el apego estricto a las normas sufren un deterioro sistémico en su confianza institucional y competitividad económica.
Hoy, Chile enfrenta una “ventana rota” en el ecosistema digital, representada por la operación de los casinos de juego en línea no autorizados. Nuestro ordenamiento constitucional y legal es claro: en Chile los juegos de azar están prohibidos, salvo excepciones legales explícitas. Fallos de la Corte Suprema y dictámenes de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) han ratificado esta ilegalidad. Pese a ello, estas plataformas operan descaradamente con total despliegue publicitario, captando usuarios y compitiendo de manera desleal.
Sin embargo, el síntoma más alarmante de esta incivilidad comercial no proviene únicamente de las plataformas de apuestas, sino del propio Estado. La reciente resolución del Servicio de Impuestos Internos (SII) de incorporar a estos casinos no autorizados en el listado de plataformas extranjeras sujetas al IVA a los servicios digitales constituye una señal negativa. Al intentar capturar necesarios recursos fiscales de una actividad declarada ilegal por el máximo tribunal de la República, el Estado incurre en una flagrante contradicción.
Cobrar impuestos a lo que está prohibido puede ser leído como un acto de validación de hechos consumados. Este pragmatismo fiscal transmite un mensaje equívoco y peligroso a la ciudadanía y a los actores económicos: que la ilegalidad puede ser tolerada, un vidrio roto, si genera recaudación.
El principio básico de la civilidad económica dicta que las actividades expresamente prohibidas no pueden ser toleradas por ningún órgano del Estado mientras estén prohibidas. No se trata de defender el inmovilismo ni oponerse a la modernización de los mercados. En el Congreso Nacional se encuentra tramitando un proyecto de ley para regular los juegos de azar en línea, una discusión legítima en la que se debe analizar la conveniencia de la prohibición expresa actual.
Promover el respeto y la convivencia en nuestro país exige un estándar unificado. No podemos exigirle civismo al ciudadano de a pie en las calles si, al mismo tiempo, el sistema valida la incivilidad corporativa de plataformas prohibidas en Chile. El fortalecimiento de nuestra economía requiere que el Estado sea el primero en cuidar sus ventanas y en recordar que ninguna urgencia recaudatoria justifica relativizar el imperio de la ley.
