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Alto contrasteALZAS, MEPCO Y HACIENDA
El ataque de los hutíes a petroleros sauditas en la ruta que se comenzó a usar como salida alternativa desde que Irán cerró el estrecho de Ormuz en marzo volvió a encender las alarmas en el mercado energético mundial, con el precio del barril de petróleo ubicándose nuevamente por sobre los US$ 100. Con esto, se suma un nuevo foco de estrés a la debilitada economía chilena y las miradas vuelven a estar puestas en el gobierno y el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), que enfrenta una compleja situación a solo cuatro meses del shock anterior.
En marzo, cuando el Brent saltó a US$ 116 en menos de tres semanas por el cierre de Ormuz, el gobierno traspasó a los consumidores un alza de $370 en la bencina y $580 en el diésel. El Mepco opera reduciendo el impuesto específico a los combustibles para contener su alza, a costa de una menor recaudación fiscal. Tras ese episodio, el gobierno modificó sus parámetros buscando diluir y hacer más lento el traspaso de los shocks externos a los precios locales.
El margen fiscal para responder a este nuevo shock es estrecho, con la deuda pública acercándose al límite prudencial del 45% del PIB, mientras economistas advierten que, a esta altura del año, es más difícil compensar la menor recaudación con ajustes de gasto. Aun así, asumir un mayor déficit para amortiguar el impacto petrolero es defendible, aunque choca de frente con el objetivo del Ministerio de Hacienda de cumplir sus metas fiscales, las que ya venían bajo presión.
Los amortiguadores fiscales están siendo puestos a prueba simultáneamente este año.
Hay, además, una distinción técnica que determina si el mecanismo realmente protege a los consumidores o solo posterga el traspaso a precios. Si el alza del petróleo resulta transitoria, el Mepco puede evitar que el shock llegue a los consumidores. Si, en cambio, se trata de un alza permanente, lo único que logra es hacer gradual el traspaso, que ocurre de todas formas. El problema es que el conflicto en Irán sigue sin resolverse después de cinco meses y existe una elevada incertidumbre respecto del curso del conflicto y los impactos de mediano y largo plazo sobre el precio de la energía. A diferencia de marzo, en este nuevo episodio, el factor que más pesará en la decisión de Hacienda no será económico, sino político. La decisión de ese momento generó un shock inflacionario, presionó la UF y tuvo un costo político considerable para el gobierno.
Ayer, el ministro Quiroz ya adelantó que buscará un ajuste “más paulatino”, apoyado en el avance del ajuste de gasto y en que Chile ya está más cerca de los precios internacionales tras el shock anterior. Entonces, el análisis no solo será sobre si existe espacio fiscal —que de haberlo sería acotado—, sino si el margen fiscal y el político le alcanzarán para sostener esa gradualidad si el conflicto en Medio Oriente se prolonga.
El país ya sabe que sus amortiguadores fiscales están siendo puestos a prueba simultáneamente este año, en medio de una situación presupuestaria estrecha. El gobierno debería enfrentar este nuevo shock energético con una respuesta que combine deuda, un mayor ajuste del gasto público y un traspaso gradual de los precios a los consumidores, conjugando argumentos técnicos con sabiduría política, para evitar que la economía y la ciudadanía asuman el golpe con la misma intensidad que el enfrentado cuando el gobierno recién había asumido.
