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Alto contrasteCaída de la actividad, más allá de la minería
El Imacec de agosto, publicado ayer por el Banco Central, confirma la fragilidad de la economía chilena, con una caída de 1% anual y un retroceso de 0,7% frente a julio en términos desestacionalizados. La minería explicó en gran parte el resultado, al disminuir 17,4% por menores leyes del mineral, mantenciones y condiciones climáticas adversas, mientras el crecimiento de los sectores no mineros compensó parcialmente esa caída. Al comentar estas cifras, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, atribuyó la situación a un proceso puntual en la minería y a otros impactos sectoriales transitorios, y anticipó un mejor desempeño para el último trimestre. Sin embargo, aun reconociendo la incidencia de factores transitorios, el desempeño del resto de la economía no ofrece un respaldo suficiente para esa recuperación. Aunque la actividad no minera creció 1,4% anual en agosto, el mes tuvo un día hábil adicional y, al descontar los efectos estacionales y de calendario, el avance fue de apenas 0,2% en doce meses. Este resultado se suma al escaso dinamismo del primer semestre, cuando el PIB no minero aumentó solo 0,2% anual en el primer trimestre y 0,7% en el segundo, lo que muestra que la falta de impulso trasciende a la minería y que su normalización sería insuficiente para sostener el crecimiento que el país necesita.
El consumo tampoco ofrece un respaldo firme para la recuperación, debido al deterioro del mercado laboral. Según las cifras del INE, la desocupación llegó a 9,6% en el trimestre junio-agosto, mientras el número de ocupados disminuyó 0,9% en doce meses y el empleo asalariado formal cayó 2,9%. La pérdida de puestos de trabajo ha restringido la capacidad de gasto de los hogares, con efectos sobre las ventas de las empresas y sus incentivos para ampliar la producción y contratar.
Cuando la economía avanza a una velocidad reducida, incluso perturbaciones transitorias pueden aumentar el riesgo de recesión.
La agenda del Ejecutivo ha buscado reactivar la inversión, pero su capacidad para sostener el crecimiento dependerá también de que más personas puedan incorporarse al empleo formal y de que las empresas eleven su productividad. Por ello, junto con facilitar el desarrollo y financiamiento de proyectos, corresponde examinar si los costos y las condiciones de contratación actuales son compatibles con esos objetivos, especialmente en sectores que dependen en mayor medida del trabajo de las personas, como la construcción, el comercio y el turismo.
En su IPoM de septiembre de 2026, el Banco Central ratificó que el aumento de los costos laborales ha contribuido al deterioro del empleo, junto con la automatización y el menor dinamismo de la actividad. Y en el informe de septiembre de 2025 ya había identificado efectos negativos asociados a las alzas del salario mínimo y la ley de 40 horas, aprobadas durante el gobierno anterior, antecedentes que refuerzan la necesidad de vincular las mejoras en las condiciones laborales con la productividad y la capacidad de las empresas para generar nuevos puestos de trabajo.
Cuando la economía avanza a una velocidad tan reducida, incluso perturbaciones transitorias pueden aumentar el riesgo de recesión, revelando una vulnerabilidad de carácter estructural. La ley de reconstrucción y la reforma al mercado de capitales ofrecen instrumentos para abordarla, aunque su aporte dependerá de la oportunidad y eficacia de su implementación. Completar los procesos pendientes y convertir estas medidas en proyectos concretos resulta urgente, antes de que una nueva contracción reduzca aún más el margen de respuesta.
