Competitividad minera: un cuadro preocupante
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En 2018, Chile se ubicaba en el sexto lugar entre los distritos mineros más atractivos del mundo para las empresas del rubro. Un año después, había descendido al puesto 17. En 2021, nuestro país bajó al lugar 31 de un total de 84 distritos considerados en el ranking del Fraser Institute, mientras que van en ascenso vecinos como Ecuador (24), Colombia (29), la provincia argentina de San Juan (22) y México (34). Se trata de una situación que debería encender alarmas en una economía tan dependiente de la minería como la chilena.
A este cuadro se suma un alza en los costos de la minería a su mayor nivel en siete años, por una combinación de factores de diverso tipo, entre ellos, aumento de la inflación (en especial de muchos insumos y servicios clave), escasez hídrica, bajas de producción debido a menores leyes, e incluso operaciones de mantención.
Condiciones del entorno institucional y político se conjugan para hacer más inciertas y menos atractivas las inversiones mineras en Chile.
La industria, por ende, enfrenta sustanciales desafíos. No obstante, parece claro que en el menor atractivo de Chile para las inversiones juegan un rol muy significativo, y tal vez decisivo, condiciones en el entorno institucional y político que vuelven más inciertas y riesgosas dichas inversiones.
Así, los procesos de decisión a ratos erráticos en materia de autorizaciones ambientales en años recientes han actuado en el agregado como un desincentivo a invertir, como también lo ha hecho la prolongada discusión sobre el royalty minero, más aun cuando en la reforma tributaria en curso se contempla una tasa “ad valorem” calculada sobre el precio del cobre y no sobre la rentabilidad y el margen operacional de las faenas. La incertidumbre asociada al proceso constitucional -que en un momento llegó a plantear que se estatizara toda la industria minera- y los crecientes niveles de inseguridad también han pesado sobre las perspectivas del sector parta atraer nuevas inversiones.
Todos estos elementos pueden ser abordados desde la política pública y la buena gobernanza. En los actores encargados de esto último, por ende, recae la principal responsabilidad de generar condiciones para revertir esta situación.
