VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contrasteEl escándalo de las licencias médicas
Indignación y repudio transversal ha provocado el conocimiento público del informe de la Contraloría que reveló que 25.078 funcionarios fiscales viajaron fuera del país luego de presentar licencias médicas, entre 2023 y 2024. Tras la constatación de lo que a todas luces parece ser un fraude de marca mayor, el Gobierno ordenó abrir sumarios y anunció la conformación de un Comité Nacional de Ausentismo, mientras que la Fiscalía determinó abrir una investigación penal de oficio.
De acuerdo con los antecedentes entregados por la CGR, la nómina es encabezada por funcionarios de la Junta de Jardines Infantiles (Junji), la Fundación Integra y la Municipalidad de Arica, listado en el que además figuran el Servicio de Protección de la Niñez, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social; Banco Estado; Gendarmería, dependiente del Ministerio de Justicia; el Ministerio de Obras Públicas; y la Municipalidad de Santiago, entonces liderada por Irací Hassler (PC), entre un total de 50 reparticiones.
El informe revela, además, que las salidas y entradas al país se verificaron mayoritariamente entre los meses de septiembre y diciembre, siendo el 69% de los casos usuarios de Fonasa y un 31% de isapres, con un período de reposo promedio de 17,7 días.
De confirmarse toda esta grave situación, se habrá configurado uno de los actos de corrupción más reprochables que se conozcan en el aparato público. Comprar licencias, emitir documentos falsos y romper la obligación de reposo son todas acciones que atentan contra la buena fe y defraudan al sistema de salud.
A nivel nacional, el costo de las licencias médicas asciende a cerca de $ 3 billones anuales, lo que representa cerca de un quinto del presupuesto de salud del país, financiado fundamentalmente con impuestos. Y, de acuerdo con cifras de Dipres, los funcionarios públicos anotan un ausentismo laboral entorno a un mes por año (31,8 días en 2023), gran parte de ellos por licencias médicas, cifra que duplica a la de los trabajadores del sector privado.
Ante la corrupción expuesta por la Contraloría, la reflexión debe centrarse en qué está fallando en materia de integridad, ética pública y prevención. ¿Qué señales está dispuesto a dar el Gobierno para reparar el daño e impedir que estos abusos se repitan? Si bien es sabido que la desvinculación de funcionarios del Estado no es sencilla, lo que corresponde es que el Ejecutivo solicite la renuncia o destituya a quienes hayan incurrido en estas prácticas, como gesto inequívoco de que se comprende la magnitud de la denuncia y se está comprometido con resguardar la probidad, la calidad del servicio público y el uso honesto de los recursos financiados por todos los contribuyentes. De lo contrario, se consolidará el mensaje de que el Estado puede ser utilizado como botín impune, sin responsabilidad alguna, incluso frente a actos de abierta corrupción.
