Impuesto a los “ricos”: debatir con datos

n marzo próximo el Congreso retomará algunos temas que quedaron pendientes de la reforma tributaria aprobada en enero, entre ellos, las exenciones y los regímenes especiales de tributación. En ese marco, es muy probable que vuelva a surgir desde la oposición una propuesta para elevar los impuestos a los contribuyentes de altos ingresos, entendida como una manera de inyectar equidad al sistema incrementando el aporte tributario de quienes tienen más.

Sin embargo, como señaló un artículo de este diario el viernes pasado, la política de aumentar la carga de los llamados “súper ricos” ha tenido resultados más bien pobres en la experiencia internacional comparada. Al punto de que algunos países que la habían puesto en práctica la han abandonado por su bajo impacto en la recaudación, o bien han eximido a algunas clases de activos, en un intento tanto de evitar la fuga de capitales como de incentivar las inversiones productivas. Actualmente sólo seis países de la OCDE contemplan impuestos a la riqueza neta, pero con muy diversos enfoques: gravar sólo activos en el extranjero, incluir sólo las inversiones financieras por encima de cierto umbral, o excluir del pago a los bienes empresariales, entre otros.

Esto es relevante para la discusión chilena, porque mucho del énfasis se ha puesto en la efectividad retórica de hacer “que los ricos paguen más”, y menos en los resultados prácticos de un impuesto patrimonial de este tipo. Desde luego, casi nada se ha dicho sobre sus posibles efectos negativos, como que la recaudación podría teóricamente bajar si suficientes capitales buscan refugio en otros lugares.

La excesiva ideologización del debate parlamentario, como han reconocido figuras de todo el espectro político, ha sido uno de los puntos débiles de la discusión nacional en los últimos años. Una forma de corregirlo es buscar —a partir de la evidencia y no de las aspiraciones (o suposiciones)— que los instrumentos sean coherentes con los objetivos.