VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contrasteIneficiencia presupuestaria
Más de US$ 5.800 millones del gasto fiscal, equivalentes al 1,7% del PIB, están hoy comprometidos en 75 programas públicos que no cumplen con ninguno de los criterios básicos de evaluación definidos por la Dipres y la Subsecretaría de Evaluación Social: eficacia, eficiencia y focalización. Se trata de iniciativas que evidencian serios problemas para lograr sus objetivos y atender adecuadamente a la población a la que se dirigen, en un contexto en que el país enfrenta restricciones fiscales severas, un crecimiento económico limitado y presiones sociales crecientes.
El informe elaborado por Hermann Consultores, partir de fuentes oficiales, plantea un problema de fondo: no se trata de programas marginales, sino de componentes significativos del aparato estatal. El Ministerio de Educación concentra la mitad del gasto mal evaluado (US$ 2.953 millones), seguido por el de Vivienda (US$ 2.310 millones), los que en conjunto explican cerca del 90% del monto total identificado.
La situación no es nueva, pero su magnitud actual y el contexto fiscal en que ocurre la vuelven preocupante. Desde 1997 se vienen aplicando metodologías de evaluación a programas del Estado. De los 690 revisados en estas casi tres décadas, la mitad obtuvo calificaciones negativas, según el Centro de Estudios Democracia y Progreso. Solo entre 2020 y 2024, el 70% de los programas evaluados mostró un desempeño deficiente; sin embargo, las consecuencias fueron exiguas, pues en la mayoría de los casos no fueron corregidos ni cerrados.
El hecho de que un grupo significativo de estos programas exhiba debilidades estructurales es tanto una alerta técnica, como una llamada de atención sobre cómo se gobierna y cuánto pesan las decisiones basadas más en inercias políticas, que en evidencia y resultados. No está en debate si el Estado tiene un rol en asegurar derechos, corregir desigualdades y promover el desarrollo. El Estado no es más eficaz por ser más grande, ni más justo por estar más presente en todos los rincones. Un programa social que no focaliza bien, que gasta ineficientemente o que no logra sus objetivos no es progresista, es simplemente ineficaz. Y lo peor es que puede terminar generando más frustración social que bienestar.
Lo que reflejan estos informes es que muchas veces la discusión política queda atrapada en consignas -más o menos Estado- cuando lo realmente urgente es un mejor Estado. Uno que sea capaz de rendir cuentas, medir resultados y corregir errores, que esté menos capturado por visiones maximalistas y más abierto a la gestión profesional, al rediseño y, cuando sea necesario, al cierre de programas que no funcionan. Un ejemplo positivo es el programa “Retos de Innovación” de Corfo, que tras ser observado en 2023, fue evaluado y terminó sin recursos en el Presupuesto 2025. Esa es la lógica que debería replicarse, no como castigo, sino como mecanismo de mejora continua.
Chile necesita un Estado inteligente, austero y estratégico, que no confunda gasto con inversión ni ideología con resultados. Lo contrario es condenar a millones de personas a confiar en políticas que prometen mucho y cumplen poco.
