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Alto contrasteLa disciplina fiscal no admite atajos
La decisión del gobierno de abandonar su meta de alcanzar el equilibrio fiscal en 2030 constituye una señal relevante. No solo porque implica renunciar a una de las promesas formuladas al inicio de la administración, sino porque refleja una realidad que se ha vuelto cada vez más difícil de ignorar: las cuentas fiscales del país están más deterioradas de lo que se estimaba y su recuperación tomará más tiempo del esperado.
En ese contexto, el sinceramiento realizado por Hacienda es preferible a insistir en una meta que, a la luz de los antecedentes disponibles, parecía poco creíble. Los mercados, las clasificadoras de riesgo y los inversionistas suelen valorar más los objetivos alcanzables que las aspiraciones imposibles de cumplir. La credibilidad fiscal no se construye sobre anuncios ambiciosos, sino sobre compromisos que efectivamente se materializan.
Sin embargo, el realismo no debe confundirse con complacencia. Que el gobierno proyecte cerrar su mandato con un déficit estructural de 1,5% del PIB sigue siendo una señal de que el ajuste pendiente es considerable. Más aún cuando el país acumulará déficits estructurales en la gran mayoría de los últimos años y cuando la deuda pública continúa acercándose al límite prudente de 45% del PIB que las propias autoridades han definido como referencia.
Más que el cambio de una meta, lo que estará bajo evaluación será la capacidad del gobierno para cumplir la nueva senda que se ha impuesto.
Las advertencias formuladas por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) merecen atención. Operar cerca de ese umbral no es inocuo. Una mayor deuda implica más recursos destinados al pago de intereses, menos espacio para financiar prioridades sociales, menor capacidad para enfrentar crisis futuras y, potencialmente, mayores costos de financiamiento para toda la economía. Se trata de restricciones que durante décadas Chile no enfrentó con la intensidad que hoy comienza a experimentar.
Por lo mismo, la discusión de fondo trasciende a esta administración. El deterioro fiscal no es responsabilidad exclusiva de un gobierno ni se originó en un solo período presupuestario. Durante años se fueron acumulando compromisos de gasto, correcciones de ingresos y postergaciones de ajustes que terminaron reduciendo progresivamente los márgenes de acción del Estado.
La nueva trayectoria fiscal presentada por Hacienda descansa, en parte importante, en una recuperación del crecimiento económico. Sin duda, una economía más dinámica facilita la consolidación de las cuentas públicas, pero la experiencia reciente aconseja prudencia. El crecimiento es una condición necesaria para la sostenibilidad fiscal, aunque difícilmente suficiente por sí sola.
La verdadera prueba comenzará ahora. Más que el cambio de una meta, lo que estará bajo evaluación será la capacidad del gobierno para cumplir la nueva senda que se ha impuesto. La disciplina fiscal, al final, no admite atajos. Requiere decisiones persistentes, control del gasto y una mirada de largo plazo que muchas veces choca con los incentivos de la política. Recuperar plenamente esa disciplina será una tarea que excederá a este gobierno y probablemente también al siguiente.
