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Alto contrasteLa urgencia de modernizar el mercado laboral
La debilidad del mercado laboral chileno ha dejado de ser un fenómeno transitorio que responde al ciclo económico, para consolidarse como un freno estructural al crecimiento de largo plazo del país. Aunque el debate sobre sus causas, para algunos, sigue abierto, el empeoramiento sostenido de las cifras de empleo ya no deja espacio para sesgos ideológicos y exige un consenso político transversal para superar un deterioro que se arrastra por años, y que parece acentuarse en la medida en que las empresas buscan espacios para ganar productividad y eficiencia.
En ese escenario, avanzar en flexibilizar y modernizar las normas de contratación se ha perfilado como una herramienta que permitiría reactivar la creación de empleo, porque, además de contener la informalidad, corregiría las barreras que hoy marginan a mujeres, jóvenes y trabajadores de menor calificación.
Como si hiciera falta más evidencia, la urgencia de avanzar en esta línea quedó de manifiesto esta semana. Además de conocerse una nueva caída en la actividad económica en julio, la semana anterior el INE situó la desocupación nacional en 9,5% en el trimestre mayo-julio, con una tasa de 10,3% entre las mujeres, mientras la desocupación juvenil (15 y 24 años) llegó a 24,6%, su nivel más alto desde noviembre de 2020.
El país no ha podido recuperarse, a diferencia del ritmo de reactivación observado en América Latina y el resto de la OCDE.
Se trata de cifras que exponen una realidad dramática, pero también advierten que el camino hacia una recuperación será largo. Chile arrastra una debilidad estructural en su mercado laboral al menos tras el impacto generado por la pandemia, de la que el país no ha podido recuperarse, a diferencia del ritmo de reactivación observado en América Latina y el resto de la OCDE. Mientras el bloque de economías desarrolladas cerró 2025 con una tasa de ocupación promedio del 70,3% para el segmento de 15 a 64 años, la cifra equivalente en Chile fue de 64,3%, según los indicadores provistos por la institución.
A esa brecha se suma un problema de costos. El salario mínimo real acumula un alza de 40,4% en la última década -impulsada por su propio reajuste, la Ley de 40 horas y la reforma previsional-, mientras que la productividad creció apenas 8,8% en el mismo período, de acuerdo con el Observatorio del Contexto Económico y Social de la Universidad Diego Portales.
Para revertir esta tendencia, la política económica debe pasar del diagnóstico a la acción. A poco más de tres meses de asumido el gobierno, la Mesa de Reactivación Laboral presentó un portafolio de 22 medidas orientadas a desarmar las rigideces regulatorias, con un respaldo explícito de gremios como la Sofofa. Pero el despliegue de esa hoja de ruta enfrenta hoy un cuello de botella institucional.
De las medidas propuestas, solo cuatro leyes han sido publicadas; mientras que 10 dictámenes de la Dirección del Trabajo y seis reglamentos siguen en elaboración, y ocho proyectos -contrato por horas, bandas horarias y Estatuto Laboral del Turismo, entre otros- avanzan de acuerdo con los tiempos legislativos, a lo que se suma la indemnización a todo evento, que el gobierno aún no presenta. La sala cuna universal ha dado cuenta de esta dificultad. El proyecto se encuentra en su primer trámite constitucional en el Senado, donde la votación en particular fue interrumpida debido a un altercado entre un senador y manifestantes que rechazaban financiarla con recursos del seguro de cesantía.
Destrabar esta agenda no solo busca dinamizar la competitividad, sino impedir que las ineficiencias del mercado laboral reduzcan el crecimiento que la economía del país necesita. En este escenario, la adaptabilidad y modernización del empleo son urgentes y deben ser impulsados tanto por el gobierno, como por los empresarios y demás actores involucrados en el mercado laboral.
