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Alto contrasteNUEVA ETAPA DE LA MEGARREFORMA
Después de un trámite legislativo desarrollado en tiempo récord y tras superar su último escollo en el Tribunal Constitucional (TC), la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico Social quedó lista para entrar en vigencia y continuar con su itinerario administrativo.
El imperativo del gobierno ahora es más exigente. Radica en viabilizar su puesta en marcha y materializar los compromisos de reactivación económica que sustentaron su diseño y que suponen parte relevante del plan con que José Antonio Kast ganó la elección presidencial.
El TC resolvió de manera diferenciada los pilares consultados, decidiendo blindar el núcleo de la reforma al mantener la invariabilidad tributaria de hasta 20 años para grandes inversiones, asegurando el objetivo central del Ejecutivo: apuntalar la certeza jurídica necesaria para atraer capitales de largo plazo al país.
Despejada la incertidumbre por el dictamen del TC, ahora queda una fuerte presión de expectativas por ver resultados concretos.
Sin embargo, en un revés para las aspiraciones del gobierno, el TC eliminó íntegramente el mecanismo de indemnización estatal por anulación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y las disposiciones que permitían las microrelocalizaciones de concesiones acuícolas sin necesidad de pasar por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
A partir de ahora, la puesta en marcha de esta reforma estructural compromete al Ejecutivo en, al menos, tres frentes. En lo financiero, el Ministerio de Hacienda enfrentará una creciente presión fiscal por la rebaja gradual del impuesto corporativo hasta 23%, lo que exigirá administrar el presupuesto público con mayor prudencia, mientras se espera que los nuevos proyectos privados comiencen a tributar y a reactivar la economía.
En lo regulatorio, los límites que impuso el TC obligan al gobierno a implementar la invariabilidad tributaria respetando estrictamente el alcance establecido por la ley y las restricciones fijadas por el Tribunal. Finalmente, frente a la eliminación de las indemnizaciones estatales ante la anulación de RCA, aumenta el riesgo regulatorio y ambiental que deberán asumir los privados, obligando al gobierno a agilizar la burocracia administrativa —o la “permisología”— para asegurar a los inversionistas internacionales que Chile sigue siendo un destino seguro y competitivo.
Frente a otros países de la región que han implementado arquitecturas de invariabilidad tributaria, Chile se posicionará en un nivel altamente competitivo. Perú aplica desde hace décadas los Convenios de Estabilidad Jurídica, con plazos y montos mínimos de inversión desde los US$ 5 millones, los más bajos de la región. Argentina, en cambio, restringe su régimen para grandes inversiones a proyectos que, como regla general, superen los US$ 200 millones. Chile fijó un umbral base de US$ 50 millones, una vía intermedia entre ambos modelos.
El fallo del TC confirmó ese diseño en lo sustantivo, aunque incorporó un resguardo adicional: eliminó la extensión del beneficio a los llamados “proyectos conexos” y facultades de Hacienda para ampliar su alcance, de modo que el incentivo queda acotado a la inversión principal autorizada.
Despejada la incertidumbre por el dictamen del TC, ahora queda una fuerte presión de expectativas por ver resultados concretos. Dados los exigentes compromisos macroeconómicos autoimpuestos, como acelerar el crecimiento al 3,5% y reducir el desempleo al 6,5% al final del mandato, Hacienda enfrenta el desafío de dinamizar la inversión privada al ritmo adecuado, sin que la brecha fiscal que deja la rebaja corporativa termine debilitando las cuentas públicas.
