El prolongado conflicto y paralización de actividades en el Servicio de Registro Civil e Identificación es una situación que no sólo ha tenido enormes repercusiones sociales y económicas, sino que también se anota como un acontecimiento con un valor simbólico sustantivo para los temas que copan el debate en el país.
En efecto, más allá del alto costo que este conflicto ha tenido para decenas de miles de chilenos que no han podido viajar, emplearse y realizar actividades económicas, la paralización (que al cierre de estas líneas seguía pendiente de solución) viene a mostrar lo dramático que es para cualquier institución y sus grupos de interés que sus actividades se vean paralizadas casi en su totalidad.
Más allá de que en este caso hay quienes esgrimen que este conflicto (por definición compulsivo e ilegal) no puede compararse con las huelgas legales, en lo conceptual el ejercicio sí resulta válido y pertinente, máxime si lo que se pretende con la reforma laboral es avanzar hacia la conformación de sindicatos únicos con mayor poder de presión, al prohibirse toda forma de reemplazo en huelga. Desde esa perspectiva, lo que ha estado ocurriendo en el Registro Civil por supuesto que resulta sintomático y digno de ser puesto en esa mesa de discusión.
Pero el simbolismo de este conflicto no sólo se queda ahí, ya que en este episodio también hay implícitas señales de falta de autoridad frente a hechos oficialmente definidos como ilegales. No reaccionar en correspondencia, instala no sólo la sensación de que se puede infringir la ley y dañar a terceros inocentes en forma impune, sino que también envía un incentivo para que estos episodios se repitan en el tiempo.