VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contrasteSala cuna universal: equilibrio entre inclusión y costo
En dos décadas, se han presentado más de 20 proyectos de ley buscando crear un sistema de sala cuna universal en el país, sin que ninguno haya logrado concluir su tramitación legislativa. En este marco, la reciente presentación de indicaciones del Gobierno al proyecto que se discute en la comisión de Trabajo del Senado apunta a viabilizar una reforma postergada y necesaria para favorecer la incorporación de más mujeres al mercado laboral. Sin embargo, su viabilidad y efectividad dependerán de cómo se estructure el financiamiento y, sobre todo, de si este no termina recayendo desproporcionadamente sobre los empleadores. En un contexto en que la agenda laboral vigente ha elevado los costos laborales y frenado la creación de empleo -tal como ha advertido el Banco Central-, el equilibrio entre los objetivos sociales y las condiciones económicas es determinante.
Nadie podría oponerse a una política pública que permita a más mujeres acceder a oportunidades laborales en mejores condiciones. Chile mantiene una de las tasas más bajas de participación femenina dentro de la OCDE, rezago que limita el potencial de crecimiento del país.
El proyecto propone un Fondo de Sala Cuna financiado mediante una cotización adicional del 0,3% de la remuneración imponible de cada trabajador, de cargo del empleador, con una reducción de 0,1 punto en las cotizaciones al seguro de cesantía como compensación parcial. El diseño busca desanclar el costo de contratación femenina y distribuirlo entre todas las empresas, complementado con aportes del Estado.
Diversas asociaciones han valorado la intención de avanzar, pero también se han expresado reparos sobre los efectos que la nueva carga podría tener sobre la generación de empleo y la sostenibilidad de las empresas más pequeñas. Según cálculos oficiales, para las grandes compañías el esquema representará un ahorro respecto de la situación actual; sin embargo, para las PYME, que hoy no tienen la obligación de proveer el beneficio, implicará un costo nuevo de hasta $ 700 mil anuales por cada 20 trabajadores. En un mercado laboral frágil, con tasas de desempleo por encima del 8% y con informalidad persistente, se trata de una diferencia relevante.
En este marco, la CPC ha propuesto, por ejemplo, una fórmula mixta que combine aportes del Estado y ajustes al seguro de cesantía. El riesgo, señalan, es repetir los efectos de reformas recientes, en que el peso del financiamiento ha recaído casi exclusivamente sobre las empresas, afectando la capacidad de contratación.
Dado el contexto, es clave que el debate legislativo responda a una solución que armonice sostenibilidad e inclusión laboral, y que viabilice con realismo la eliminación de sesgos en la contratación, de manera de que sea factible ampliar en condiciones responsables la base de trabajadoras formales.
