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Alto contrasteSOSTENIBILIDAD FISCAL Y CATÁSTROFES
El sistema frontal que golpea a Chile ha causado estragos en amplias zonas del país, en especial en Coquimbo y Huasco. Además, gatilló una alerta sanitaria en dos regiones, mientras 10 regiones permanecen bajo emergencia preventiva.
La discusión pública se ha concentrado, con razón, en la respuesta inmediata del Estado ante las consecuencias de la catástrofe. Sin embargo, tratar este temporal como un episodio aislado sería un error. Organismos internacionales ya han advertido que este tipo de eventos serán cada vez más frecuentes y que los países deben prepararse para enfrentar sus efectos.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Agencia Europea de Medio Ambiente han sido categóricas: invertir en prevención y resiliencia es más rentable que responder solo después de la catástrofe. Eso supone contar con planes de gestión del agua frente a sequías, infraestructura resiliente ante inundaciones y sistemas de alerta temprana para olas de calor, entre otras medidas.
Esa lógica también debe aplicarse a las finanzas públicas. Chile necesita un mecanismo permanente de financiamiento para enfrentar las consecuencias de las catástrofes climáticas, en vez de aprobar recursos ad hoc cada vez que ocurre una emergencia.
Las autoridades deben invertir desde ya en prevención y resiliencia.
El problema es que el país llega a este debate con un espacio fiscal cada vez más estrecho. El Consejo Fiscal Autónomo calificó en mayo la situación fiscal como de “estrés prolongado”. Chile ha registrado déficit estructurales en 16 de los últimos 18 años, la deuda pública llegó a 41,5% del PIB en 2025 y los activos del Tesoro cayeron a solo 4,1% del PIB.
En este contexto, especial atención merece el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), creado en 2006 para absorber shocks como este. En 2008, en pleno superciclo del cobre, alcanzó un máximo equivalente a 17,1% del PIB. Hoy, pese a que el precio del metal supera los US$ 6 la libra, el fondo apenas representa el 1% del PIB.
La experiencia demuestra la importancia de contar con ese ahorro. La reconstrucción tras el terremoto de 2010 se financió en parte con recursos acumulados durante el boom del cobre. Una década después, el estallido social y la pandemia obligaron al gobierno a retirar la mayor parte de esos fondos para financiar ayudas de emergencia.
En ese período, la deuda pública saltó a 32,5% del PIB en 2020 y a 38% en 2022, mientras el déficit estructural llegó a casi 11% del PIB. Desde entonces, el país no ha logrado reconstruir con suficiente rapidez el colchón fiscal necesario para enfrentar nuevas crisis sin comprometer su estabilidad económica.
El costo de la emergencia actual todavía no tiene una estimación oficial, pero superaría el de las lluvias de 2023. Un catastro de Colliers calculó daños cercanos a US$ 400 millones, muy por sobre los US$ 150 millones estimados inicialmente. Algunos economistas, además, ya corrigieron a la baja su proyección para el Imacec de julio, que se ubicaría bajo 2% por los efectos del temporal.
Por eso, la discusión no puede limitarse a cómo financiar esta emergencia. También debe abordar cómo prepararse para las siguientes. Las autoridades deben invertir desde ya en prevención y resiliencia, y reconstruir al mismo tiempo el espacio fiscal necesario para responder cuando esas medidas no sean suficientes.
Un Estado sin margen de maniobra no puede arriesgar su estabilidad económica cada vez que se produce una catástrofe climática. Chile necesita volver a ahorrar en los períodos favorables y contar con un mecanismo permanente que permita financiar la respuesta y la reconstrucción sin improvisaciones ni nuevos deterioros de sus cuentas públicas.
