Opinión
¿Y por qué?
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El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó la norma de emisión para termoeléctricas.
La sonrisa de muchos rápidamente se ensombreció cuando se enteraron del detalle de la nueva normativa.
En efecto, los estudios, los trabajos del comité operativo (representantes de organismos públicos, sector privado, ONG, entidades académicas) para construir la norma, el análisis general de impacto económico y social de la norma que fundaron el anteproyecto de norma que se publicó en el Diario Oficial en diciembre de 2009, fueron prontamente desalojados de la discusión del Consejo de Ministros que optó por otorgar a las empresas termoeléctricas un escenario muy favorable para su desempeño, pero que tiene un problema: genera un mayor rechazo de la mayoría de la ciudadanía hacia este tipo de energía que se beneficia con normativas más flexibles y, adicionalmente, hace perder credibilidad al gobierno en materia ambiental pues el discurso de la eficiencia técnica se debilita cuando lo técnico es relegado al segundo plano y se inclina la balanza hacia un sector particular (en este caso las termoeléctricas) sin antecedentes que avalen la decisión.
El anteproyecto de norma de emisión para termoeléctrica contempló límites de emisión para material particulado, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno y, también y muy importante para la salud de las personas, límites de emisión para mercurio, níquel y vanadio. Para las termoeléctricas ya instaladas, el anteproyecto, calculando todos los eventos y contingencias, incluída la elaboración de órdenes de compra de nuevos equipos, estipuló un plazo de adaptación y posterior cumplimiento de la norma de tres años.
¿Y qué pasó? El Consejo de Ministros, no sabemos por qué, determinó que el plazo de adaptación a la norma puede alcanzar hasta cinco y medio años, y en el caso de tratarse de zonas declaradas latentes o saturadas en relación a los contaminantes que regula, puede bajar hasta cuatro años.
Por si fuera poco: 100% de holgura en la emisión de dióxido de azufre, en óxidos de nitrógeno pasamos de 400 mg/m3 a 500 mg/m3 y ya no se exige límite al vanadio y al níquel.
Por último, ¡no nos engañemos! La norma aprobada contiene un error técnico significativo: los beneficios y costos en millones de dólares que se declara se obtienen con la norma aprobada no corresponden. No son efectivos. Razones: esos fueron los beneficios y costos calculados con los límites y plazos del anteproyecto, que como se explicó eran más exigentes. Con las holguras en tiempo y emisiones que reciben las empresas termoeléctricas bajan los beneficios en salud y bajan los costos para las empresas.
Definitivamente urge conocer los antecedentes técnicos que avalan estos cambios entre el anteproyecto de diciembre de 2009 a esta norma aprobada por los Ministros del Consejo para la Sustentabilidad.
Han ganado, sin duda, las termoeléctricas. Cálculo de mercado simple: más tiempo para cumplir, menos exigencias que cumplir. Los perjuicios se los llevan las personas y el medio ambiente.
La sonrisa de muchos rápidamente se ensombreció cuando se enteraron del detalle de la nueva normativa.
En efecto, los estudios, los trabajos del comité operativo (representantes de organismos públicos, sector privado, ONG, entidades académicas) para construir la norma, el análisis general de impacto económico y social de la norma que fundaron el anteproyecto de norma que se publicó en el Diario Oficial en diciembre de 2009, fueron prontamente desalojados de la discusión del Consejo de Ministros que optó por otorgar a las empresas termoeléctricas un escenario muy favorable para su desempeño, pero que tiene un problema: genera un mayor rechazo de la mayoría de la ciudadanía hacia este tipo de energía que se beneficia con normativas más flexibles y, adicionalmente, hace perder credibilidad al gobierno en materia ambiental pues el discurso de la eficiencia técnica se debilita cuando lo técnico es relegado al segundo plano y se inclina la balanza hacia un sector particular (en este caso las termoeléctricas) sin antecedentes que avalen la decisión.
El anteproyecto de norma de emisión para termoeléctrica contempló límites de emisión para material particulado, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno y, también y muy importante para la salud de las personas, límites de emisión para mercurio, níquel y vanadio. Para las termoeléctricas ya instaladas, el anteproyecto, calculando todos los eventos y contingencias, incluída la elaboración de órdenes de compra de nuevos equipos, estipuló un plazo de adaptación y posterior cumplimiento de la norma de tres años.
¿Y qué pasó? El Consejo de Ministros, no sabemos por qué, determinó que el plazo de adaptación a la norma puede alcanzar hasta cinco y medio años, y en el caso de tratarse de zonas declaradas latentes o saturadas en relación a los contaminantes que regula, puede bajar hasta cuatro años.
Por si fuera poco: 100% de holgura en la emisión de dióxido de azufre, en óxidos de nitrógeno pasamos de 400 mg/m3 a 500 mg/m3 y ya no se exige límite al vanadio y al níquel.
Por último, ¡no nos engañemos! La norma aprobada contiene un error técnico significativo: los beneficios y costos en millones de dólares que se declara se obtienen con la norma aprobada no corresponden. No son efectivos. Razones: esos fueron los beneficios y costos calculados con los límites y plazos del anteproyecto, que como se explicó eran más exigentes. Con las holguras en tiempo y emisiones que reciben las empresas termoeléctricas bajan los beneficios en salud y bajan los costos para las empresas.
Definitivamente urge conocer los antecedentes técnicos que avalan estos cambios entre el anteproyecto de diciembre de 2009 a esta norma aprobada por los Ministros del Consejo para la Sustentabilidad.
Han ganado, sin duda, las termoeléctricas. Cálculo de mercado simple: más tiempo para cumplir, menos exigencias que cumplir. Los perjuicios se los llevan las personas y el medio ambiente.
