En las últimas horas de las negociaciones entre el Gobierno y la oposición para un plan de emergencia transversal que permita gestionar la crisis económica, nuevamente se ponen a prueba las habilidades políticas del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que ha liderado las conversaciones.
Doctor en Economía Política del Instituto de Estudios Políticos de París –es el único ministro de Hacienda desde 1990 que no tiene estudios de postgrado en Estados Unidos, sino en Europa–, en sus siete meses de gestión ha sido catalogado como un ministro atípico, con capacidad para llegar a acuerdos y, sobre todo, de un perfil pragmático. Lo recordaban en la comisión de Hacienda del Senado: poco antes de asumir el 28 de octubre pasado, como experto fue invitado a una reunión en la que defendió la reforma tributaria de su antecesor, Felipe Larraín, pero como secretario de Estado no tuvo problemas en desnaturalizarla, porque no tenía destino en el Parlamento.
Algo parecido ha ocurrido con las conversaciones en torno al "acuerdo nacional", como lo llamó el presidente Sebastián Piñera cuando lo convocó el pasado 25 de mayo, o el "plan de emergencia", como se terminó llamando. Fue un movimiento de piezas del Ejecutivo en evidente reacción a la propuesta económica de la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, en la que trabajaron economistas de alto prestigio como José De Gregorio, Sebastián Edwards, Claudia Martínez A., Andrea Repetto, Claudia Sanhueza y Rodrigo Valdés.
Briones optó por dos asuntos: integrar a estos seis economistas –por lo demás, hubiese sido raro que quedaran fuera, dada su talla– y conformar una nueva instancia, pero incluso de mayor transversalidad, con la integración de expertos afines a los partidos de Chile Vamos y centros de estudios, como Libertad y Desarrollo. En otras palabras: apostar a pasar por arriba con un grupo conformado por Vittorio Corbo, Juan Andrés Fontaine, Bettina Horst, entre otros.
La propuesta transversal del grupo de 16 economistas –que plantea la creación de un fondo especial Covid-19 de hasta US$ 12.000 millones para financiar las prestaciones sociales y los planes de reactivación económica por hasta 24 meses–, no le habría llegado por sorpresa a Hacienda. Para algunos de los integrantes de la instancia, de hecho, la presentación del lunes del ministro, en la que propuso un plan de US$ 10.000 millones y el aumento del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), habría sido parte de un cierto diseño en torno a la negociación. La noche del martes, cuando Briones participó del final de una reunión entre los 16 economistas vía teletemática –donde dejaron relativamente claro lo que propondrían los expertos el miércoles en el Senado–, les agradeció los esfuerzos desplegados.
Finalmente, reconocen quienes conocen del proceso, la propuesta de los 16 expertos convocados por Hacienda le permite al gobierno destrabar las negociaciones y llegar a un punto medio entre su propia posición y otras como las del grupo del "Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible", liderada por Roberto Zahler y Carlos Ominami, entre otros. En definitiva, de concretarse, todos ganan y todos pierden alguna de sus banderas.
Han sido semanas en que Briones ha guardado mayor silencio público, a diferencia de lo que acostumbra. Parece consciente de la dificultad y la importancia de las negociaciones para un gobierno que no tiene mayoría en el Congreso, debilitado luego de las revueltas de octubre y que necesita lograr consensos con la oposición, sobre todo en medio de una pandemia desatada (lo que no estaba en los planes del Ejecutivo en abril). Desde La Moneda el diseño político ha cambiado dada la actual situación de la crisis sanitaria: 2.648 fallecidos y 154.092 contagiados confirmados, con medio país en cuarentena. Lo mismo ocurre con las directrices económicas, que van estrictamente ligadas, porque parece evidente que ni la enfermedad ni sus consecuencias serán de corto alcance.
Si a comienzos de mayo terminaba la especie de luna de miel que tenía el ministro con la oposición en el Congreso justamente a propósito de los montos del IFE y de la defensa de la austeridad fiscal de Hacienda –criticada por buena parte de la oposición–, el Briones de junio debe adecuarse a las actuales circunstancias y actuar nuevamente sin apego a la doctrina. Como con la reforma tributaria de Larraín.
A nadie le conviene que al plan de emergencia no llegue a buen puerto, sobre todo considerando que sin rápidas ayudas económicas será extremadamente difícil controlar el número de contagios. Pero, aunque en la puerta del horno se quema el pan y las tratativas políticas podrían incluso prolongarse por el fin de semana, para el gobierno sería especialmente beneficioso llegar a un consenso en materia económica en medio de un contexto complejo en lo sanitario.
Chile sería el primer país de Latinoamérica que tendría un programa de ingresos para las familias vulnerables, otro de protección del empleo para los sectores que son parte de la economía formal y, entre otros, un programa de liquidez para las PYMES. El ministro de Hacienda, mientras, hasta ayer empujaba por un fondo que pueda usar con flexibilidad de acuerdo al desarrollo de la pandemia y por incorporar en el acuerdo tanto las medidas sociales como las proinversión, como busca Piñera. Sea como fuere, se trata de la mayor prueba del pragmático señor Briones.
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