Cruzado por una serie de críticas respecto de la gestión de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), se inició este 3 de febrero el proceso para que las comunidades elijan, el 29 de marzo próximo, a los ocho representantes de los pueblos originarios que se propondrán para integrar por cuatro años el Consejo Nacional, que tiene un total de 17 miembros.
La partida no ha estado exenta de controversias. Algunos de los consejeros que salen y otros que se repostulan tienen reparos tanto en lo que respecta a la ejecución presupuestaria como al rol de la entidad en defensa de las tierras indígenas, a raíz del caso del exsubsecretario Rodrigo Ubilla.
Iván Carilao, Consejero lafkenche; Rafael Tuki, Consejero pascuense; Wilson Reyes, Consejero atacameño
Este episodio que sigue en tribunales generó molestia entre los consejeros indígenas, según varios de los cuales el organismo no estaría cumpliendo con una de sus principales obligaciones. Estas, según señala la ley, incluyen velar por la protección de las tierras indígenas y posibilitar a las comunidades el acceso y ampliación de sus tierras y aguas; y, promover la adecuada explotación de estas tierras, velar por su equilibrio ecológico, por el desarrollo económico y social de sus habitantes.
¿Conadi vs Ubilla?
Uno de los consejeros, Iván Carilao (lafkenche), que está evaluando si repostularse o no, comenta que lleva años en el consejo y que llegó "muy entusiasmado porque sería la contraparte del gobierno de turno", pero que transcurrido el tiempo se ha ido "desilusionando" y se ha dado cuenta de que el organismo se "ha convertido en un botín del gobierno, del que sea", enfatiza. El caso Ubilla da cuenta de su mirada pesimista, añade.
Según el representante de la etnia lafkenche, el consejo –integrado por el director de la Conadi, los subsecretarios, o quien corresponda, de los ministerios de Desarrollo Social, Agricultura, Educación y Bienes Nacionales, y tres consejeros designados por el Presidente- "no es muy útil, porque al final es la autoridad la que toma las decisiones, no tenemos ni las atribuciones de un core".
A ello atribuyen que a inicios de enero, el director de la Conadi Ignacio Malig emitiera un informe que confirmaba la legalidad de la compra de tierras por parte del exsubsecretario Rodrigo Ubilla, pese a que sólo unas semanas más tarde el Juzgado de Letras de Pucón le diera la razón a los consejeros, asegurando que "no hay duda que, el título originario, del que emanan los lotes objeto de los actos jurídicos impugnados, es indígena".
De ahí que el 6 de febrero la oficina de partes de la Conadi en Santiago recibiera una carta dirigida al director nacional, en la que el consejero Rafael Tuki (pascuense) –uno de los que va a la reelección- exige a la entidad que se haga parte en el proceso.
El documento ingresado, suscrito además de Tuki por otros seis consejeros indígenas, pide que "adopte las medidas correspondientes (...) disponiendo que en este proceso, ya en instancia de apelación, la Corporación se haga parte".
Sobre este tema, dice Tuki, se le pedirán explicaciones a Malig en la sesión del 25 de febrero.
Baja ejecución del presupuesto
Pero no es la única cuestión que está preocupando a los consejeros, en medio del proceso de elección del nuevo consejo, ya que también existe inquietud sobre la baja ejecución presupuestaria que, según Carilao, "ocurre todos los años, queda una parte del presupuesto sin ejecutar, pero este año fue muy evidente la no voluntad de avanzar".
Explica que en 2019, la Conadi ejecutó sólo el 22% del programa de "subsidio para la adquisición de tierras por parte de personas y comunidades indígenas, Artículo 20, letra b)", que en total contaba con un presupuesto de $ 27.000 millones.
Además, se quejan de que a algunos recursos se les daría fines distintos de los que ordena el presupuesto, temas por los que se le estaría pidiendo cuentas al director, añadió Rafael Tuki.
Proceso constitucional y Convenio 169
Los consejeros que asuman este nuevo período en representación de los pueblos originarios deberán afrontar este 2020 el debate acerca de la fórmula en que los pueblos originarios serán representados en la elaboración de la nueva Constitución -si se impone el apruebo-, tema que está en suspenso en el Congreso y que para Wilson Reyes (atacameño y exdirector de la Conadi, 2007) es de vital importancia, pues estima que el desafío será "nivelar" a los pueblos originarios, ya que "estamos en un escalón más abajo que el resto de la sociedad".
Otro desafío es el debate sobre seguir o no adscrito como país al Convenio 169, pues en 2021 se abre una ventana, que sólo se da cada diez años, para decidir dejar el convenio.
Desde que asumió el actual gobierno ha habido planteamientos de algunos de sus representantes de que Chile debería dejar el convenio puesto que habría sido más un problema para las inversiones que un aporte. En tal sentido, Carilao se muestra pesimista respecto de los efectos del convenio, ya que a su juicio, el Estado le ha puesto "freno de mano", por lo que "ha sido un instrumento meramente decorativo, al no ser vinculante".
Una reflexión mucho más dura hace Tuki, quien sostiene que "el convenio ha sido usado por el Estado para dañar a los pueblos indígenas, que lo que exigen es libre determinación de los pueblos".
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