El resultado sí importa
El proceso constitucional que hemos recorrido hasta ahora ha estado marcado por un número importante de baches. No por nada una alta cantidad de personas está empezando a expresar su descontento, haciendo de la “amenaza del Rechazo” una posibilidad cada vez más presente.
Frente a esto, el pasado 20 de mayo los partidos de centroderecha enviaron al Presidente una histórica carta, ratificando su “disposición para trabajar en conjunto un curso de acción para concretar ese cambio (constitucional) en caso de triunfar el Rechazo”, reforzada luego por el presidente de la UDI que, con determinación, dio por muerta la Constitución de 1980. Esta acción fue posteriormente rechazada por la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien sostuvo que la trayectoria ya ha sido trazada y que no habría más caminos que el plebiscito de septiembre.
¿Y qué pasa si gana el Rechazo? ¿El cambio constitucional se esfuma? Cuidado ministra. No vaya a ser que la soberanía del país se oponga a un mal trabajo de la Convención, lo que no indica que no quiera un cambio constitucional. Entonces va a ser muy tarde para retomar la transversalidad del Acuerdo del 15 de noviembre que posibilitó abrir la discusión. En ese momento, la idea de Chile Vamos no le parecerá tan mala.
¿Aprobar para reformar? Imposible
Hay algunos -especialmente de la centroizquierda- que creen que no importa que el texto constitucional que se presente a la ciudadanía “no sea tan bueno”, o que se saque nota 4. Piensan que la propuesta podría igualmente aprobarse para reformarla posteriormente.
Más allá de lo mediocre y sin sentido que me parece esta postura, quisiera advertirle a estos esperanzados personajes que aquella adorada idea estaría siendo inviable. No olvidemos que los y las convencionales estarían aprobando una indicación que establece que el actual Congreso, por desleal según Atria, solo podrá reformar la nueva Constitución con quorum de 2/3. En simple y por si no la han entendido, esto quiere decir que durante cuatro años de implementación inicial habría una ridícula rigidez para poder hacer las evidentes correcciones que el texto necesita, pues ni la izquierda ni la derecha juntarían por sí solas la cantidad de votos necesarios. Autoritarismo, puro y duro.
Por lo demás: Ni Jaime Guzmán fue tan caradura con sus amarres, ¿Por qué tener un quórum aún más alto que el de la Constitución del 1980? ¿No era que el foro más representativo y democrático de la historia de Chile buscaba lo justamente opuesto?
El tiro por la culata
¿En qué habrá estado pensando La Moneda al decidir no querellarse contra el líder de la CAM, Héctor Llaitul, cuando éste llamó a “organizar la resistencia armada”? ¿Acaso no saben en palacio que la Ley de Seguridad Interior del Estado establece que se debe sancionar a quienes buscan provocar una guerra civil o incitar a la subversión del orden público?
El plan Buen Vivir NO es una respuesta a los problemas graves de violencia que se están viviendo en La Araucanía. El resguardo de rutas que éste estableció en el pálido estado de excepción no evitó que asesinaran a sangre fría a don Segundo Catril. En lo que vamos del año ya han muerto nueve personas, y todo el 2021 fueron siete. Un informe de la Multigremial de La Araucanía difundido la semana pasada, reveló que los ataques armados en la Macrozona Sur crecieron un 289% tras el fin del estado de excepción establecido por el gobierno anterior, y las usurpaciones subieron en un 400%. Los hechos hablan por sí solos. ¿Cuánto tiempo más resistirá Boric la presión por un Estado de Excepción integral?
Expropiación enmascarada
El borrador de la nueva Constitución contempla que la restitución de territorios será el “mecanismo preferente de reparación” con que el Estado actuará frente a los pueblos originarios. ¿Cuáles serían las implicancias de esto? Nadie lo tiene muy claro. Como con casi todo lo propuesto por la Convención, aquí hay también más dudas que certezas.
Supuestamente, una vez que entre en vigor la carta magna en la que trabaja la Convención, se creará una Comisión Territorial Indígena que deberá desarrollar, impulsar y ejecutar una política de catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución de tierras a los pueblos y naciones indígenas. Para ello habrá que usar como punto de partida los casi tres mil Títulos de Merced que entregó el Estado a comunidades mapuche entre 1884 y 1929. Dichos títulos se otorgaron entre el Biobío y Los Lagos, zona en la que actualmente se asientan sectores urbanos e incluso viviendas sociales. En ellos habita cerca de un tercio de la población de La Araucanía. Entonces me pregunto: ¿Cómo lo harán? ¿Expropiarán a ciudadanos no indígenas para entregar estos terrenos a los pueblos originarios? ¿Qué pasará con todos los otros pueblos que no cuentan en su historia con Títulos de Merced, pues éstos son solo de los mapuches? Como dije, más dudas que certezas.
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