Luego de casi dos meses desde su ratificación por el Congreso, el Acuerdo de Escazú comienza a dar sus primeros pasos para ponerse en marcha en Chile.
En el webinar “Chile y Acuerdo de Escazú: Nuevos estándares de participación ciudadana”, realizado por Diario Financiero en conjunto con las consultoras Feedback y Visiona, Constance Nalegach, jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y una de las negociadoras del Acuerdo por Chile, afirmó que el Tratado estaría listo para su implementación durante los últimos meses de 2023.
“El Acuerdo en sí mismo nunca termina, ya que es un proceso progresivo donde cada vez tenemos que elevar más los estándares. Pero el diagnóstico para que podamos tomar medidas que realmente nos permitan transitar y mejorar nuestra gestión y desempeño como Estado, está pensado a fines del próximo año”, dijo Nalegach.
Sobre cómo se pondrá en práctica, Nalegach adelantó que esto se desarrollará en dos etapas. En primer lugar, durante este año, se pondrá el foco en la difusión del Tratado y en consolidar la gestión de la normativa ya existente.
Por otro lado, el próximo año se buscará desarrollar un plan de diagnóstico e implementación participativa con el objetivo de “escuchar a distintas voces, como gremios, comunidades, empresas, sindicatos y la academia”, agregó Nalegach.
En términos del financiamiento necesario para su puesta en marcha, señaló que “ser parte de este Acuerdo también nos permite canalizar recursos, esto es apoyado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Y para el MMA, este será un presupuesto muy accesible, pero que aún debe presentarse en el Congreso”.
Nuevo instructivo del SEA
La autoridad del MMA señaló que entre la normativa ya existente que se buscará consolidar, está el Consejo de ministros por la sustentabilidad y el cambio climático, y el instructivo que presentó el Servicio de Evaluación Ambiental en junio de este año. Este último instruye ampliar el criterio sobre la apertura de la participación ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental de los proyectos.
La directora de Espacio Público, Andrea Sanhueza, señaló que este instructivo representa una mejora respecto de cómo se llevan hoy a cabo estos procesos, ya que “establece que la información sobre un proyecto debe ser difundida para que la población lo comprenda, tomando en consideración las características sociales, culturales y económicas de esa comunidad afectada. Hoy se hace de forma muy homogénea”.
Agregó que iniciativas que impulsen la participación ciudadana, como este documento, permitirían que haya una menor judicialización de los proyectos.
“Mientras haya más información, como mejor estándar y participación, los conflictos debieran tender a disminuir. La fuente de conflicto muchas veces es por la falta de acceso a la información o porque no fue considerado lo que dijo la ciudadanía o no hubo ningún tipo de participación”, dijo Sanhueza.
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