Varios años de amistad entre Alejandro Gil y Fredy Jacial; y una alianza entre ambos que allanó el camino para que Auguri, el family office de Cecilia Karlezi, lograra el control accionario de la clínica, se fueron al piso el 18 de mayo, cuando la entidad presidida y controlada férreamente por Gil se querelló por administración desleal contra Jacial, el ex director y gerente general del centro de salud ubicado en el 450 de la calle Estoril.
El impacto que generó en la opinión pública, en el Ministerio de Salud, y al interior de la clínica y de ex accionistas y médicos del recinto, fue mayúsculo. Pero es una historia que está en desarrollo.
En 18 páginas, la querella explica los dos puntos centrales del actuar supuestamente ilegal de Jacial: aunque el directorio le pidió en reiteradas ocasiones saber cuánto le costaba a la clínica cada paciente que tenía que recibir desde el sistema público de salud, el ex gerente se habría negado a dar un valor, sabiendo -acusa el texto legal- perfectamente cuál era, porque había sido él mismo quien firmó un documento con Fonasa donde se fijaba el precio de acuerdo al Grupo Relacionado a Diagnóstico (GRD) y que iba indexado a la gravedad del paciente para multiplicarlo por ese ponderador.
Lo que sí le habría dicho Jacial al directorio es que era menor al costo de la clínica, pero no tenía el detalle de cuál sería el valor final. El ejecutivo dejó el recinto en agosto del año pasado. Sus relaciones con Gil y la mesa se quebraron.
El segundo punto, señalado en la querella, es que el recinto invirtió y destinó recursos para hacerse cargo del aumento de camas críticas que exigía el Ministerio de Salud a raíz de la crisis sanitaria y cumplió cabalmente con las camas que le pedía disponibles, pero Jacial y las autoridades médicas se habrían excedido. Por ejemplo, el 11 de junio de 2020, cuando el establecimiento había informado que tenía 64 camas críticas disponibles para recibir pacientes derivados desde la Unidad Centralizada de Gestión de Camas (UCGC), ingresaron 117 pacientes al recinto.
¿Dónde y en qué condiciones se atendieron esos pacientes? Es algo que se preguntan en el directorio de la CLC y esperan que la Fiscalía lo aclare en su investigación. La unidad de delitos de alta complejidad de la zona oriente, comandada por el fiscal Felipe Sepúlveda, quedó a cargo de la indagatoria.
Hasta ahora, la clínica cree que la omisión de Jacial les habría costado $ 8.598 millones. Para conocer ese detalle, le pidió a la Fiscalía que despache una orden de investigar a la PDI para que cite a declarar, además de Jacial, a Andrés Illanes, y a su antecesor en la gerencia general, el doctor Tomás Regueira, quien estaba coordinando el ingreso de pacientes críticos al recinto y quien dejó la clínica a fines del año pasado. Entre otros.
Quienes conocen detalles, indican que podrían venir nuevas querellas contra otros ex funcionarios por haberse “concertado” para este ocultamiento de información al directorio.
Más de una persona ha salido a decir que detrás de esta querella hay actos antiéticos y contrarios al bien del país.
El exministro de Salud, y también ex ejecutivo del recinto, Jaime Mañalich, quien se refirió al tema en una entrevista en radio Infinita, aseguró que “esta clínica no puede negarse a recibir pacientes que le pide el Estado para el buen manejo de la pandemia de Covid. No puede, en cuanto hay un estado de excepción”.
En segundo lugar, en dicha conversación señaló que “el exgerente no tenía ninguna posibilidad de negarse a recibir pacientes Covid, que por lo demás de acuerdo al Código Sanitario no corresponde al gerente general de una clínica, sino que al director médico, manifestar todas estas cosas” y aseguró que tampoco tenía la facultad de negociar precios con Fonasa.
Sin embargo en la Clínica han sido claros en explicar que ellos no rechazaron pacientes Fonasa, sino que reclaman que un gerente haya ocultado activamente información al directorio. He ahí el delito de administración desleal.
Por estos días, el silencio de Jacial ha sido sepulcral. Quienes han hablado con el ingeniero comercial dicen que está impactado con la querella, pero que prepara una contundente defensa cuando el Ministerio Público lo llame a declarar. El viernes se conoció que designó a dos mujeres para liderar su defensa legal: las abogadas Trinidad Luengo y Daniela Santa María, del estudio Luengo Montt.
Médicos y expertos en salud concuerdan en que la demanda de la CLC podría caerse fácilmente. Principalmente porque a raíz de la crisis sanitaria, la administración de la disponibilidad de camas se hace como un conjunto y la lidera el Ministerio de Salud: da igual si es de la Clínica Las Condes, o de un hospital público, y en situaciones más extremas, también da lo mismo si la cama está en Arica o en la capital.
Otros son más tajantes y creen que esta seguidilla de demandas es una cuestión personal de Gil contra todo aquel que sienta que no está en su bando. “Así actúa él”, aclara un exejecutivo.
El exfiscal Carlos Gajardo estima que esta querella no tiene fundamentos jurídicos y que probablemente va a ser desestimada por los tribunales: “El delito de administración desleal exige una serie de conductas dolosas destinadas a actuar de una manera en que se perjudica deliberadamente el interés social, cosa que de ninguna manera ocurre en este caso. Acá el interés deliberado que se tiene es, de acuerdo a los propios términos de la querella, favorecer el tratamiento de los pacientes enfermos de Covid, por lo tanto me parece que necesariamente será desestimada por los tribunales”.
Las otras clínicas tomaron palco en esta disputa, aunque creen que afecta a todo el sector, justo en medio de cambios constitucionales y de reformas de salud en trámite y anunciadas.
El mensaje que entregaron desde la Asociación de Clínicas una vez conocida la querella fue tajante. Dejaron en claro que CLC no era parte del gremio y que “en los momentos más álgidos de la pandemia hemos aportado cerca del 40% de las camas críticas al sistema nacional y más del 45% de las hospitalizaciones por Covid-19 que hemos recibido, fueron de pacientes Fonasa”.
Ese, dicen fuentes cercanas a la clínica, no es el punto. El 72% de los pacientes críticos que hay hospitalizados en la CLC son Fonasa.
Además, sobre el pago asociado que fijó Fonasa para estos pacientes, recalcan que es fijo para todos y no hay un espacio para negociar los valores. De hecho, el año pasado se generó gran controversia porque el monto era mucho más bajo que el costo que la mayoría de los servicios de hospitalización de las clínicas privadas. Pero aunque la Asociación de Clínicas reclamó al Minsal y a Hacienda, era poco lo que se podía hacer. Ese era el presupuesto y no había más discusión.
Alejandro Gil.
Pero en todo caso, y en algo que varios concuerdan, es que la clínica presidida por Gil ha sido frontal en demandar y enfrentarse con cuanto exejecutivo, autoridad y accionista se le cruce.
Por ejemplo, además de Jacial, también se querelló en octubre pasado contra Jaime Hagel, exgerente general de la clínica en los tiempos que Andrés Navarro era su presidente, también por administración desleal, acusando que producto de una serie de pago de créditos antes que Karlezi tomara el control de la clínica, produjo un daño patrimonial de $ 2.800 millones.
En enero, siguiendo con la cruzada de acciones legales, anunció que demandaría a Fonasa porque no le ha pagado los pacientes Covid que ha tenido que atender y que le ha significado a la clínica hacerse cargo de más de $ 28 mil millones, que han costeado con deuda y caja. Aunque la acción legal sigue en preparación, fuentes confirman que habría indicios de acercamientos con la institución pública para acordar un pago o al menos la firma del convenio que permite al Fisco desembolsar los pagos por esos pacientes.
También hay que recordar que el año pasado el directorio se enfrentó con más de 400 médicos, asesorados por César Barros y el abogado Juan Enrique Allard, este último actualmente director de la clínica. Aunque varios quedaron descontentos con el nuevo modelo de pago a los facultativos, otros defienden la medida, que ha permitido que lleguen nuevos especialistas que antes no podían por lo engorroso y bloqueador que era el contrato.
Solo este año han arribado al centro de salud 26 doctores, entre ellos Michael W Howard y Ricardo Zalaquett.
En toda esta cruzada, la dupla Gil-Karlezi está siendo asesorada por el abogado Marcelo Sanfeliú y su estudio en lo penal, y por Sebastián Oddó en la parte civil. Dos reconocidos litigantes de casos complejos de la plaza.
Detrás de todo, explican conocedores, hay un profundo convencimiento de Gil y del actual gerente general, Jerónimo García (quien llegó en agosto de 2020), de que había un montón de recovecos y formas de encarecer los costos de la clínica que le restaban eficiencia y fuerza para competir, por ejemplo, con la Alemana, su más cercano contendor. Y eso lo va a lograr al precio que sea.
Otro conocedor del último litigio lo relata así: si el directorio no se querellaba contra Jacial, cualquier accionista minoritario podría demandar a los directores por falta a su deber de cuidado del bien de la sociedad Clínica Las Condes. “Esto es una sociedad anónima abierta en bolsa. Si un ejecutivo no cumple su función y hace perder deliberadamente dinero a la firma, sea una clínica o una fábrica de bebidas, es grave igual”, dice.
En lo que todos concuerdan es que la senda de demandas y querellas continuará. Gil no le tiene miedo a perseguir civil y penalmente por lo que, cree, es justo para la empresa.
Según varios consultados para esta nota, existe temor de enfrentarse con Gil. “Uno siempre sale perdiendo. Siempre, no hay cómo ganar un argumento, aunque sean razones médicas y técnicas”, relata un doctor que trabajó en la clínica.
Un entendido también apunta que varios le han tratado de hacer ver, sin mucho éxito, que el gran valor de la clínica son sus doctores, y que si se van los más conocidos, entonces el daño en reputación será mayúsculo. Gil, dicen, responde que entonces va a contratar a más y mejores médicos, pero que no va a dar su brazo a torcer.
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