En contra de la auditora de los estados financieros y de los ex ejecutivos que falsificaron los resultados de la época dorada de La Polar.
Esos son los dos objetivos que se autoimpusieron las AFP y fondos de inversión para buscar indemnizaciones civiles. Salvo AFP Capital, controlada por el grupo colombiano Sura, que apostó además por ir directamente contra Empresas La Polar como sociedad anónima. Y ganó; ahora pide que le paguen.
El 3 de septiembre del año pasado, solo tres meses después que se cumplieron exactos 10 años del hecho esencial que informaba que se descubrieron repactaciones unilaterales en clientes de La Polar, la Corte Suprema en un sorpresivo fallo dijo que Empresas La Polar, Pablo Alcalde, Marta Bahamondes, María Isabel Farah, Pablo Fuenzalida, Martín González, Santiago Grage, Julián Moreno, Nicolás Ramírez e Ismael Tapia Vidal, eran:
Responsables de los perjuicios patrimoniales ocasionados a los Fondos de Pensiones administrados por la demandante (AFP Capital) por sus conductas relativas al hecho esencial comunicado el 9 de junio de 2011, consistente en la pérdida de valor de las acciones que mantenía en su stock a dicha fecha”.
Además, declaró que la auditora PwC “incumplió culpablemente su obligación legal de auditar la contabilidad, inventario, balance y demás estados financieros de La Polar del 2007 al 2010, por lo cual es responsable de los mismos perjuicios patrimoniales señalados, condenándose a todos ellos, a pagar de manera concurrente o in solidum, tales detrimentos”.
El monto y forma del pago quedó alojado en el 13º Juzgado Civil de Santiago. Allí, la batalla legal de La Polar, PwC y Alcalde y sus demás colegas, ha sido ardua para evitar cumplir el pago. Una de las principales razones que han dado es que el fallo de la Suprema no entrega un monto claro para resarcir los daños. Otros alegan falta de competencia del tribunal, además de prescripción.
Sin embargo, a pesar de que presentó numerosos argumentos legales, y hasta recurrió al Tribunal Constitucional, PwC sí llegó a acuerdo. El pasado 25 de febrero, la auditora liderada por Renzo Corona acordó con las AFP Capital, Cuprum, Provida y Habitat, además de Moneda, el pago de US$ 64 millones para dar por cerrado el caso.
Dichos montos salieron de ahorros de caja que había hecho la auditora desde el año pasado, seguros y millonarios préstamos que los socios de ésta tuvieron que pedir en la banca.
Fuentes al tanto indican que no hay fuga de clientes, aunque los mismos socios principales de la firma salieron a explicarles las implicancias del fallo y del acuerdo. “Ya por fin damos por cerrado este capítulo”, le habrían dicho a ellos.
Y aunque un escrito de AFP Capital de fecha 2 de marzo indica que se desisten del procedimiento de cobro contra PwC, no bajarán los brazos hasta las últimas instancias por recuperar los dineros. “La AFP seguirá con todo hasta el final”, dice un abogado del caso.
Invitación rechazada
El equipo legal de AFP Capital, liderado por Juan Ignacio Correa, ofreció formalmente a La Polar buscar un acuerdo extrajudicial que, al igual que PWC, permitiera terminar con el cobro a través de un tribunal. Era más rápido y barato, fue el argumento.
Pero la retailer, hoy controlada por Leonidas Vial, representada por el abogado Davor Harasic en este pleito, respondió que no, que de ninguna manera se iban a allanar.
De hecho, en la contestación del juicio, oponiéndose con una serie de argumentos al inicio de un proceso, principalmente a que AFP Capital no concurrió en tiempo y forma al Convenio Judicial que permitió que la empresa flotara, apunta al motivo de fondo del rechazo a pagar.
“Ha sido justamente a raíz del Convenio que hoy en día La Polar ha podido recuperarse financieramente, logrando continuar con su giro. Sólo en virtud de la certeza que otorgó el Convenio los nuevos acreedores de La Polar le han otorgado crédito y se ha logrado que nuevos accionistas han invertido en ella”, dice la contestación.
Recuerda que hay ex acreedores de La Polar que, en el marco del Convenio, cambiaron sus créditos por bonos convertibles y luego en acciones.
“Actualmente, son accionistas de La Polar quienes se verían obligados a pagar el crédito de AFP Capital, acreedor cuyo crédito, al igual que el de éstos, se encontraba sometido al Convenio”, afirma.
Y agrega: “Sería intolerable jurídicamente que estos accionistas y ex acreedores de La Polar deban terminar soportando en sus patrimonios el pago a un acreedor que deliberadamente omitió someterse al Convenio”, recalca.
La respuesta en la empresa y en el entorno al controlador es que no van a pagar. El mensaje lo han hecho llegar directamente a la gestora de fondos previsionales de capitales colombianos. Ellos no son los responsables, han repetido en innumerables ocasiones, el error ocurrió hace 10 años.
US$ 64 millones a los fondos
Quienes sí se verían obligados a pagar son los ex ejecutivos. De hecho, en un escrito ingresado al tribunal, los abogados de Capital dicen que “de los 9 ejecutivos solo los siguientes 4 se oponen a cumplir la sentencia de reemplazo, quienes se niegan a enfrentar con dignidad sus responsabilidades: Pablo Alcalde, Julián Moreno, Martín González y Nicolás Ramírez”, se lee.
Pero agrega que los “restantes 5 ejecutivos optaron por conformarse seguramente en razón de que ─al fin─ asumieron que en su contra pesan 23 sanciones administrativas afinadas y 3 fallos criminales ejecutoriados que condenaron a la mayoría como autores de 21 delitos, tales como entregar información falsa al mercado, usar información privilegiada, efectuar declaraciones maliciosamente falsas en instrumentos públicos, presentar cuentas irregulares y ocultar información esencial a sabiendas; resultándoles ─entonces─ impúdico persistir en un juego de mentiras sustantivas y procesales que perjudica a casi dos millones de trabajadores afiliados a AFP Capital”.
Sin embargo, en el entorno legal del caso dicen que se ve difícil que puedan resarcir los montos que indique el tribunal. Buena parte de los ex trabajadores ha emprendido en pequeños negocios, y ninguno, afirman en su círculo, se volvió millonario tras el caso La Polar.
Otra de las dudas que surgen es qué pasará ahora con los US$ 64 millones que pagará PwC y los eventuales montos que se restituyan.
Por normativa e instrucción de la Superintendencia de Pensiones, los recursos se distribuyen a los fondos de pensiones proporcionalmente y de la misma forma del perjuicio que sufrieron por el caso La Polar.
Lo que resta por saber ahora es si esos US$ 64 millones serán los últimos en entrar como indemnizaciones a la AFP. Porque La Polar, dice, no va a pagar.
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