En el marco de la cuenta pública de la Fiscalía, su máxima autoridad, el fiscal nacional Jorge Abbott, criticó ayer la instrumentalización política de la institución y solicitó que el organismo pueda querellarse en delitos tributarios y electorales.
Ello, en medio de la polémica por la potestad que tendría sólo el Servicio de Impuestos Internos (SII) para presentar las acciones judiciales que dan inicio a las indagaciones por eventuales infracciones a las normas tributarias y electorales. Esto, además, generó un dictamen de la Contraloría donde señala que dichas acciones no deben quedar sujetas al “mero capricho” del director del ente fiscalizador.
“El Ministerio Público no renunciará nunca a instar por la titularidad de la acción penal ante los delitos de mayor connotación social, por cuanto su autonomía constitucional asegura que su ejercicio será con plena igualdad ante la ley”, señaló Abbott.
Y junto con enfatizar que “es esencial” que la fiscalía “pueda perseguir plenamente tales delitos, porque la señal que el país espera es que no sean tolerados”, Abbott subrayó que “no renunciaremos a la acción penal y demandamos que se nos den las herramientas que nos permitan ir en reparación de la ofensa contra el bien común”.
En ese sentido, la máxima autoridad del Ministerio Público acusó que “cuando hay áreas vetadas en materia de persecución de delitos tributarios, colusión o delitos electorales, creemos que se está transgrediendo el principio de igualdad ante la ley que la propia Constitución consagra”.
Y junto con advertir que es “debatible que ante un caso de financiamiento ilegal de la política el objetivo sea únicamente recuperar tributos”, Abbott apuntó a la instrumentalización política que se ha hecho de la Fiscalía, enfatizando que “la batalla electoral muchas veces está llevando al Ministerio Público a tener que tramitar querellas débilmente fundamentadas o que tienen un objetivo oblicuo”.
Lo anterior, agregó el abogado, “no quita que, tras estos hechos, sí pueda haber serias faltas a la ética, a las normas y a la legislación que consagra una debida y esperada separación entre negocios, dinero y política”.
Por lo mismo, sentenció “el Ministerio Público no rehuirá su rol, pero sus esfuerzos se desgastan innecesariamente cuando es receptor de denuncias y querellas que buscan instrumentalizar el sistema de persecución penal con fines políticos”.
La petición de más herramientas para la persecución de delitos tributarios fue rapidamente contestada por el gobierno, desde donde la vocera Paula Narváez, señaló que el SII “es un organismo que actúa apegado a la ley, que hace un muy buen trabajo y, por lo tanto, creemos que cualquier comentario que vaya en la línea de poner en entredicho nuestro sistema tributario hay que mirarlo con mucha prudencia y mucha delicadeza”.
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