El pasado 23 de marzo cuando el ex senador Jovino Novoa (UDI) llegó por segunda vez a la Fiscalía para prestar declaración señaló tajantemente que esta era una "investigación ideológicamente falsa".
En aquella oportunidad nuevamente se acogió al derecho de guardar silencio ante los persecutores -la primera había sido el 13 de enero-, intentando dejar la artillería de su defensa para comprobar su inocencia en un posterior juicio. Luego, el 7 de julio cuando fue formalizado por los delitos de falsificación de boletas y facturas, facilitación para la emisión de este tipo de documentos y vulneración a la Ley 16.271 sobre impuestos a las herencias y donaciones, la estrategia de la defensa fue desacreditar al Servicio de Impuestos Internos (SII) acusándolo de querer torcer la ley con la querella interpuesta en su contra.
Ayer, se vivió otro capítulo, ahora con un renovado guión. El ex presidente de la UDI arribó a las dependencias de la Fiscalía Nacional, acompañado de sus abogados Matías Balmaceda y Francisco Cox para prestar ahora sí declaración ante el fiscal nacional Sabas Chahuán y los persecutores Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, diligencia que se extendió por tres horas y media.
Su estrategia apuntaría -según trascendió- a buscar un juicio abreviado, lo que implicaría el reconocimiento de algunos de los ilícitos bajo acuerdo entre la defensa y el Ministerio Público.
El órgano persecutor cuenta con las pruebas proporcionadas por la ex jefa de prensa de la UDI, Lily Zúñiga, quien admitió que la emisión de boletas falsas en el partido era una "práctica habitual". Esta emisión de boletas ideológicamente falsas se habrían cursado a Penta y SQM, a través de su compañía Inversiones y Mandatos, para el financiamiento de campañas políticas al margen de la ley. El daño al patrimonio fiscal que se calcula habría causado esta operación asciende a $25 millones, de los cuales $15 millones ya fueron resarcidos por el imputado. Bajo ese escenario y sumado a la irreprochable conducta anterior que muestra Novoa, comentan cercanos a la causa, permitirían que se opte por una salida alternativa que redundaría en una baja pena que podría recibir el otrora líder del gremialismo. De hecho, el mismo Fiscal Nacional ha reconocido que en algunos casos se estarían negociando salidas, las cuales se evalúan en su mérito, según los montos comprometidos para el fisco y los daños que algunos de los imputados ya han reparado, cancelando el perjuicio ocasionado.
Ex asesor de ME-O
Hasta las dependencias de la Fiscalía Nacional también llegó ayer el ex jefe de prensa de Marco Enríquez-Ominami, Cristián Warner, para declarar ante la fiscal Carmen Gloria Segura. Sin embargo, y por segunda vez, el periodista hizo uso de su derecho a guardar silencio. A Warner se le imputa la emisión de boletas falsas por $362 millones a SQM por supuestas asesorías comunicacionales. Se espera que por esta arista prontamente deba concurrir a declarar ME-O, pues los dineros que se investigan habrían ido a parar a su campaña presidencial.
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