A las 14:00 de ayer en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago se selló la suerte del ex senador Jovino Novoa, quien fue sentenciado a una pena de tres años de presidio menor en su grado medio por delitos tributarios en el caso Penta. Adicionalmente, tendrá que pagar una multa del 50% del perjuicio fiscal y cinco UTM anuales, convirtiéndose en el primer político condenado en los casos de financiamiento irregular de las campañas políticas.
Tras la sentencia, el fiscal regional oriente Manuel Guerra dijo estar satisfecho. A su juicio, “se está estableciendo algo que es relevante y que tiene relación con que los hechos que investigó la Fiscalía -y que algunos negaron en su momento- son efectivos, constituyen delitos, hay participación penal y culpabilidad”.
Guerra, también planteó que esta condena debería marcar un precedente, aunque “no se trata de aplicar tabla rasa a todas las personas porque se trata de situaciones que pueden parecer iguales, pero que tienen algunas diferencias”
Pese a que el “coronel” más poderoso del gremialismo y uno de sus más antiguos fundadores no pondrá un pie en la cárcel y no perderá sus derechos políticos, para la UDI ha sido un proceso difícil en que no dejan de pregonar que han sido objeto de un trato discrecional. Algo que esperan cambie con el arribo del nuevo fiscal nacional Jorge Abbott.
Por estos días, el timonel del partido, senador Hernán Larraín, se encuentra en Londres en el marco de una gira de varios parlamentarios por Europa para defender la causa chilena en el proceso con Bolivia ante La Haya. Y nadie en su reemplazo quiso dar una versión oficial respecto del resultado final del proceso del ex senador, aunque en el gremialismo se dan dos corrientes a la vez: un grupo mayoritario insiste en repetir como un mantra el discurso que ha socializado su timonel y Ernesto Silva antes que él, que el partido no ha tenido un trato igualitario en materia judicial. Por otro lado, está un grupo muy minoritario que estima que el ex timonel debiera tomar una decisión para no perjudicar al partido, como dar un paso al costado.
Orden de detención
Paralelamente, la UDI ha acentuado el discurso de que han sufrido un trato discriminatorio, lo que estos días ejemplifican con la resistencia de Marco Enríquez-Ominami a regresar a Chile para enfrentar a la justicia.
En este contexto, ayer la carta presidencial del gremialismo, diputado José Antonio Kast, señaló con un fuerte grado de ironía que el nuevo fiscal nacional “debería instruir una orden de detención en contra del candidato presidencial en el exilio, Marco Enríquez Ominami, como una primera muestra de imparcialidad”.
El parlamentario, del círculo cercano a Novoa, argumentó que ME-O “ha sido citado ya en dos oportunidades y ningún fiscal ha solicitado su orden de detención; sin embargo, a Gabriel Ruiz Tagle, frente a una igual citación y con la única diferencia de ser un hombre de centro derecha, se le solicita inmediatamente este tipo de apremios”.
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