Sorpresa causó el “téngase presente” ingresado al Tribunal Constitucional (TC) por la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores (Aemre), en el marco de la revisión constitucional del proyecto de modernización de la Cancillería.
El documento, firmado por el presidente de la asociación, Marcelo Palominos, criticaba algunos artículos de la iniciativa por “vulnerar la carrera funcionaria”, al igualar algunos derechos entre los trabajadores de planta y a honorarios.
Sin embargo, tal apreciación no es compartida al interior de la Aemre. Su secretario, Alex Brito, declaró que “se enteró por la prensa” del envío del escrito al TC. Ante eso, informó que la próxima semana la Aemre ingresará otro documento al Tribunal para aclarar la posición de la asociación, que reúne a unos 430 funcionarios.
El texto se ingresará en conjunto con la Asociación de Profesionales de la Cancillería (Aprofex).
De acuerdo a Brito, se quiere dejar en claro que el proyecto sí cuenta con una amplia mayoría de aprobación al interior del ministerio y sí es inclusivo, ya que reconoce a gran parte de los funcionarios que por años estuvo discriminado por su condición laboral, ya que la mayoría del personal es a contrata (más del 60%).
“Este es un proyecto que debemos defender. Todo es perfectible, por cierto, pero este proyecto es un avance que nunca se había hecho antes”, dijo Brito, quien fue presidente de la AEMRE entre 2014 y 2016, cuando se estaba elaborando el proyecto de modernización.
Brito lamentó que el escrito se haya realizado a espaldas de los otros dirigentes y señaló que aún no ha podido conversar con Palominos debido a que está de vacaciones. “El presidente de AEMRE reclama que la asociación no ha tenido participación y que la autoridad hizo las cosas a espaldas de los dirigentes y él actuó igual”, sostuvo y agregó que su reacción tuvo un carácter más político que gremial.
El dirigente argumentó que la gran parte de los requerimientos que fueron ingresados por los funcionarios que participaron en el proceso de la elaboración del proyecto y el debate en el Congreso fueron recogidos por la Cancillería, ante lo cual el proyecto cuenta con un amplio respaldo de los trabajadores.
“Aquí hay una tozudez de decir que los funcionarios de planta son los que valen y deben recibir todos los privilegios. La gente a contrata debe optar a los mismos beneficios si realiza las mismas funciones y tiene los mismos objetivos, no veo ningún desmedro para la carrera funcionaria en eso”, remató.
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