Si bien la normativa vigente contempla un mecanismo para reemplazar a los parlamentarios que incurran en financiamiento irregular de sus campañas, hay quienes estiman que esa fórmula -el partido designa al reemplazante- no se condice con el financiamiento público de los partidos y que se requiere un cambio para hacer más transparente el proceso a través, por ejemplo, de elecciones complementarias.
Uno de los diputados que promueve esta idea es el secretario general de Amplitud Pedro Browne.
Esto es especialmente importante si se considera que a partir de marzo los partidos políticos comenzarán a ser financiados por el Estado. El cambio radical en el funcionamiento de estos organismos va acompañado de una serie de modificaciones legales que quedaron plasmadas en las leyes de Transparencia y Fortalecimiento de la Democracia y de Partidos Políticos aprobadas en enero, con el objeto de separar definitivamente la política del dinero.
En el mundo político valoran transversalmente esta normativa. Sin embargo, no son pocos los que estiman, al igual que Browne, que es necesario ligar la pérdida del escaño al financiamiento público de los partidos políticos y durante la tramitación de las iniciativas pro transparencia algunos legisladores apelaron a que en el nuevo escenario esto debía revisarse, pues las colectividades a que pertenecen los infractores deben hacerse responsables de sus candidatos.
Este tema lo planteó el propio diputado de Amplitud en su intervención en la Sala del 14 de octubre pasado, al advertir que “en el marco de la agenda de probidad y transparencia, el proyecto sanciona a quienes cometan fraude en el proceso eleccionario, pero me parece inaceptable que el reemplazo provenga de los propios partidos políticos. No es posible que se hagan los desentendidos y no asuman su responsabilidad respecto a los candidatos que no cumplieron con las normas electorales”.
Elecciones complementarias
A días de reiniciarse el año legislativo, Browne vuelve a la carga. El diputado insiste en que en casos de infracción a la ley de control y gasto electoral de alguno de sus militantes, la tienda que lo apoyó “no debería seguir recibiendo ningún peso del Estado” y añade que “el reemplazo del candidato que se elige de forma fraudulenta deber ser mediante una elección complementaria“.
Además, acusa a los partidos tradicionales y al gobierno de “esconder la cabeza para evitar perder el importante privilegio”, aludiendo a los recursos.
Incluso adelanta que la actual fórmula podría generar “un incentivo perverso de poner candidatos marketeros que ex profeso no cumplan con la ley y se beneficien de ello, para reemplazarlos por un ‘hombre de partido’ que probablemente no hubiera sido electo”.
El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Leonardo Soto, también tiene una mirada crítica sobre la forma como se elige actualmente al reemplazante de un parlamentario por la causal que sea que se le haya destituido del cargo. El legislador explica que ese es un tema que se le planteó al gobierno durante la tramitación de la agenda de transparencia y que “el Ejecutivo asumió el compromiso de presentar un proyecto de ley sobre el reemplazo de los parlamentarios por cualquier causal”.
Al inicio del período legislativo “vamos a exigir al Ejecutivo que cumpla su compromiso”, advirtió Soto, pues a su juicio al proceso de reemplazo “hay que agregarle un componente democrático, porque este proceso no puede quedar al arbitrio de las máquinas partidarias”.
Soto subrayó que a partir de ahora “debemos avanzar en transparencia y por eso hay que dejar en manos de la ciudadanía quién desea que reemplace al infractor”.
El analista Claudio Fuentes coincide en que en casos de financiamiento irregular en que el aspirante a un cargo de elección popular comete una infracción, “efectivamente, debieran existir sanciones tanto al candidato como al partido que lo patrocina”.
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