Por Rodolfo Carrasco M.
“No quiero que el tema se contamine con las elecciones, sería un tremendo error político del Congreso, esto debe ser tratado como un tema de Estado”, afirmó el senador Juan Pablo Letelier (PS), que es el presidente de la comisión bicameral del Congreso que analizará la forma de aplicar la consulta indígena que obliga el Convenio 169 de la OIT a Chile cuando alguna legislación afecte a los pueblos originarios.
Este trabajo parte el 6 de marzo con la exposición de los ministros de Interior, Segpres y Desarrollo Social. Letelier reconoció que es un tema complejo y que espera tenerlo resuelto antes de los procesos eleccionarios parlamentario y presidencial de este año.
Explicó que su labor será “una modificación al reglamento del Senado y la Cámara de Diputados, para que cada vez que ingrese un proyecto de ley que pueda ser considerado que afecta a los pueblos originarios exista un órgano que lo califique y, luego de eso, el reglamento tenga un procedimiento con plazos y con responsables para llevar a cabo esta consulta, que sea un procedimiento legal e institucionalizado; sólo así se dará cumplimiento al Convenio 169”.
Indicó que espera tener un borrador en un plazo razonable y que a partir de ese texto se pueda establecer una consulta del mecanismo a los pueblos originarios y que espera el apoyo de la OIT y el Instituto de Derechos Humanos.
También delimitó el trabajo del grupo legislativo aclarando que “esta no será una comisión para ver los conflictos indígenas en Chile o para analizar la realidad histórica; sino que tenemos un propósito acotado”.
Por lo mismo, afirmó que “mientras mantengamos acotado el sentido del trabajo de esta comisión podemos lograr un acuerdo en un plazo acotado, siempre que seamos cuidadosos de escuchar a todos y luego tomar las decisiones que correspondan”.
Dijo que hay que determinar que “cuando se habla de consulta hay que saber qué se consulta, cómo, cuándo y a quiénes se consulta”. Asimismo afirmó que su labor será en paralelo a la que hace el gobierno, porque “no es lo mismo cuando hay una iniciativa legal, cuando hay una inversión pública o cuando hay una inversión privada que requiere de autorización pública. Son tres situaciones distintas y en estos casos lo que necesitamos son procedimientos de participación ciudadana y respetar a los pueblos originarios”, concluyó.
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