Un conjunto de iniciativas que contribuirían a generar un proceso de modernización del Congreso Nacional en materia de probidad y transparencia anunciaron ayer los presidentes del Senado y la Cámara, Patricio Walker y Marco Antonio Núñez, respectivamente. Los parlamentarios señalaron que esperan que todo esté aprobado este año por lo que solicitaron al gobierno que le ponga urgencia a algunos de ellos, con lo que el Poder Legislativo se ubicaría entre los cinco del mundo con los estándares más altos de probidad y transparencia.
En este sentido, el presidente de la Cámara Alta reiteró que "sabemos que hay una crisis de confianza importante en la política y que la única forma de poder revertirla es con acciones concretas, no quedarse solamente en los anuncios y poder transformar las ideas en proyectos en materia de probidad y transparencia. Todos los anuncios que hicimos en la primera cuenta pública del Congreso Nacional ya están transformados en proyectos de ley que ya han sido presentados o presentaremos en los próximos días, como también medidas administrativas".
Acto seguido, explicó los cuatro ítems que recogen una serie de medidas administrativas y legislativas para avanzar en la línea planteada para revertir la crisis de legitimidad que afecta a la clase política en general y, en particular, al Congreso: modernización del trabajo legislativo; fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana; perfeccionamiento de los estándaresde probidad y transparencia; y, difusión y publicidad de la información pública del proceso legislativo.
Pero es el tercer acápite el que concita la mayor atención, pues plantea una serie de medidas calificadas como "draconianas" por el presidente de la Cámara. En esta línea se contempla ampliar las competencias de las comisión de Ética y Transparencia de ambas corporaciones, añadiendo la posibilidad de aplicar sanciones. Algo que no existe en la actualidad y a lo que se ha atribuido el hecho de que no se haya tomado medidas en contra de los senadores involucrados en diversos casos reñidos con la ética.
También se establece la creación de la Dirección de Ética y Transparencia Parlamentaria que apoyará a las comisiones de ambas cámaras y será integrada por un director ejecutivo y dos especialistas independientes. Entre sus funciones estará apoyar a la comisiones de ética y a los parlamentarios en el cumplimiento de obligaciones legales.
Además habrá un nuevo marco sancionatorio de las conductas parlamentarias; se precisarán los impedimentos de los parlamentarios para promover y votar determinados asuntos, es decir, el polémico conflicto de interés que actualmente no es sancionado. También se prohíbe expresamente el uso de información privilegiada y la contratación de familiares y personas jurídicas relacionadas con parlamentarios o funcionarios directivos del Congreso. Además se sugieren 12 meses de espera para ejercer labores como lobista, luego que un legislador deje su cargo; se refuerza el sistema de auditoría interna y externa y se incorpora al Congreso al sistema de Chile Compra, entre otras medidas.
Sin embargo, la mayoría de las medidas mencionadas requiere de la aprobación de una Ley Orgánica Constitucional y es ahí donde se le pidió la intervención al gobierno para que le ponga urgencia a estos proyectos, de manera tal que sean aprobados durante el año en curso, según señaló el senador Patricio Walker.
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