Por Ángela Chávez M.
En medio de la urgencia del gobierno para que el proyecto de ley que modifica el sistema privado de salud e incorpora un plan garantizado sea despachado por el Congreso dentro de los próximos tres meses, diputados de todos los sectores se mostraron dispuestos a un “fast track” para agilizar la aprobación del llamado IPC de la Salud.
La idea es que el mecanismo, que de acuerdo al proyecto deberá ser informado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a partir de una canasta básica de productos de salud, que tome en cuenta la variación de los medicamentos, insumos, honorarios médicos, frecuencias de uso y licencias médicas, entre en vigencia antes del 31 de marzo, fecha en que empieza a regir un alza en el precio de los planes que cobran las isapres.
La intención de separar este aspecto del proyecto general y así convertirlo en una suerte de ley corta surge a partir del diagnóstico que hacen los mismo parlamentarios de la comisión de salud de la Cámara de Diputados, donde el texto se comenzó a discutir recién el pasado martes.
Y es que son varios los que reconocen que aún cuando ellos tengan la voluntad de acelerar la tramitación del proyecto de modo de despacharlo en enero, es en el Senado donde el escenario es más incierto. A ello se agrega que durante febrero el Congreso no sesiona, por lo que “los plazos y tiempos no dan” -dice uno de ellos- para conseguir que la iniciativa se convierta en ley dentro de los próximos tres meses como lo pretende el Ejecutivo.
Protección a las personas
La idea de buscar una vía rápida para legislar en materia del IPC de la salud es una apuesta que han conversado de manera informal los diputados de la comisión, por lo que aún no cuenta con el explícito respaldo del gobierno, que es finalmente el que debe patrocinar la medida para que se convierta en una realidad.
Por lo mismo, la diputada RN e integrante del grupo legislativo, Karla Rubilar, iniciará la próxima semana una serie de gestiones con sus pares para oficializar esta voluntad y buscar los apoyos necesarios para proponerle al gobierno que respalde este “fast track”.
“En ningún caso se trata de dar a entender que aquí habrá dos leyes o que se busca retrasar la discusión del tema de fondo, la idea es proteger a las personas”, dice la parlamentaria oficialista, destacando que, por lo mismo, el Ejecutivo tendría que respaldar este paso.
En esa línea, el presidente de la comisión, el UDI Javier Macaya, reconoce que aún cuando no está del todo convencido con la idea de “legislar por partes” aludiendo así al hecho de que se tendrá que dividir el proyecto, también admite que se trata de una iniciativa “compleja de analizar para los efectos de decir que uno pueda tener un proyecto aprobado en enero, ese es un escenario díficil. Pero no me cierro, porque que el IPC a la salud es un buen elemento y es importante tenerlo”.
Más que una “vía rápida”
En las filas de la Concertación, en tanto, si bien respaldan la idea de un “fast track” para el IPC de la Salud, advierten que este mecanismo “será insuficiente” si se queda sólo en una recomendación, que es como se plantea en el proyecto.
“El IPC es una parte, pero no es vinculante. Es importante que se regule el aumento de los precios de los planes. Creemos que se puede llegar a un acuerdo y legislar rápido en esa materia para evitar el aumento de precios de las Isapres y regular un poco la excesiva ganancia que hay, por eso decimos si queremos regular los precios de los planes tengamos un proecto de ley corto, regulémoslo y tengamos el tiempo necesario para discutir a fondo el tema de la legislación sobre las Isapres”, dice el diputado Enrique Acorsi.
Por su parte el diputado y vicepresidente de la DC, Fuad Chahín destaca que “el IPC es una buena alternativa, pero es insuficiente porque nadie fiscaliza a los prestadores y la mayoría de los dueños de isapres son dueños de clínicas”, dice, subrayando que “el IPC de la salud va a fijar el reajuste que tendrá el precio del plan de salud, que está en función de una canasta, pero nadie controla que sea la canasta que corresponda o no”.
Por lo mismo, el parlamentario advierte que “previo acuerdo que hay que resolver antes de marzo y de que se comunique la adecuación de los precios base de los planes de salud, hay que avanzar en la derogación del artículo 198”, del DFL 1 del Ministerio de Salud, vigente de 2005.
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