Al término de la sesión de la Comisión Investigadora, por el caso La Polar, sostenida en la Cámara de Diputados, los parlamentarios PPD, Felipe Harboe y Guillermo Ceroni, señalaron que tras haber escuchado el testimonio del Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), Carlos Budnevich, lamentaban que la autoridad haya intentado deslindar cualquier responsabilidad diciendo que no tenía información y no tenía facultades respecto de la situación.
Felipe Harboe precisó que, respecto de las facultades del Superintendente, era importante señalar que “al mismo Superintendente el año recién pasado, en el marco de la discusión de un proyecto de ley, se le ofrecieron mayores facultades y éste señaló que no las necesitaba porque el gozaba de un conjunto de facultades para poder fiscalizar las tarjetas de crédito de casas comerciales”.
En cuanto a la información, Harboe aseguró que, el Superintendente hizo una exposición cronológica de un conjunto de hechos y de acciones que él estaba tomando y de información que había tenido, pero “curiosamente omitió una información que él tenía”.
Esto, continuó el parlamentario, lo revela una información oficial de la página web de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y que indica que en marzo del año 2011 el Superintendente tomó conocimiento de que mientras la tarjeta de La Polar tenía 585 mil tarjetas en operación, tenía una cartera de deuda que llegaba a los $ 881.000 millones.
Mientras que Falabella, el retail más grande del país, con casi el doble de tarjetas -905 mil-, su cartera de deuda solo llegaba a $384.000 millones, es decir, “el Superintendente de Bancos en su página web publica una información que no hay que ser matemático para iniciar un proceso de investigación”.
“La Polar tenía la mitad de tarjetas que Falabella, sin embargo la cartera de deudas de sus clientes casi triplicaba a la de Falabella”, aclaró el legislador y agregó que “este solo hecho y la coordinación establecida en los artículos 13 y 16 de la ley de la superintendencia lo deberían haber obligado a iniciar una investigación y a visitar -en terreno- a la empresa emisora de las tarjetas de crédito”.
Por su parte el diputado y también miembro de la comisión, Guillermo Ceroni manifestó que “evidentemente aquí estamos ante una estafa de dimensiones tremendamente grandes, que en nuestra opinión, le ha significado un grave daño, no sólo a los consumidores, sino que al país entero”.
“Esto es una estafa, que implica una verdadera asociación ilícita. Porque es imposible que hayan sido dos o tres personas, las que urdieron estas falsedades con el mercado y, por lo tanto, tenemos que ser rigurosos en investigar esto hasta las últimas consecuencias. Y espero que el ministerio público, también actúe con la máxima rigurosidad y drásticidad, de manera de obtener condenas ejemplarizadoras en contra de los responsables”, puntualizó Ceroni.
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