"Somos uno de los sectores de mayor nivel de conflictividad en el país", planteó de entrada ayer el presidente de la Cámara Marítima y Portuaria (Camport), Jorge Marshall, al exponer su visión del proyecto de reforma laboral del gobierno ante los diputados de la comisión de Hacienda.
Precisamente, ese punto, a juicio del ex consejero y vicepresidente del Banco Central, es uno de los temas que genera mayor preocupación, ya que el texto de la iniciativa del Ejecutivo no enfrenta esa situación.
"Desde el punto de vista del sector portuario, en la medida que el proyecto no entregue una señal efectiva y clara para hacerse cargo de un mecanismo que pueda enfrentar las paralizaciones ilegales, en realidad el proyecto tal cual está no tiene efectos en esa materia", advirtió.
Marshall señaló que "decir si esto va a aumentar o no, no vale la pena".
Sin embargo, alertó que los conflictos inorgánicos en los puertos es la situación que está "horadando la competitividad del país, o sea si la próxima semana vamos a tener dos paros ilegales eso va afectando. Ante paros ilegales, las empresas navieras van a mandar al país barcos más pequeños, porque si existe el riesgo de que el barco se quede parado voy a mandar un barco barato, no uno caro, los barcos más pequeños son más contaminantes. Entonces, un país que es menos confiable va a tener costos más altos en su cadena logística".
Marshall estimó que un paro ilegal de 10 días cuesta US$ 150 millones, lo que equivale a tres hospitales de mediana complejidad.
El titular de Camport alertó que "si después de esta ley van a seguir siendo ilegales los conflictos, quiere decir que la ley no cumplió su objetivo".
Por ello, el ejecutivo planteó a los diputados que el proyecto "debiese fortalecer todos los mecanismos institucionales en el trabajo del sector portuario... no hay una solución única en esto, pero si los conflictos están fuera de los procesos de negociación, son ilegales, hay que buscar mecanismos tal cual proyecto los considera dentro de lo reglado".
A su juicio, también se debe considerar sanción a las partes que se salen del canal institucional.
Atribuciones de la Dirección del Trabajo
En la comisión de Trabajo, Marshall advirtió que otro efecto negativo del proyecto es la posibilidad de que se avance hacia el esquema de negociación por ramas económicas.
"A nuestro juicio, los mecanismos actuales van a ir conduciendo a la negociación por ramas, que ya nuestro país tuvo. La negociación por ramas en la práctica se traduce en aumentos de costos que se transfieren a los usuarios finales, que son los exportadores y los consumidores. En estos términos, si el proyecto sigue tal cual está va a significar una tendencia al establecimiento de normas comunes para todo el sector", dijo.
Como mecanismo compensatorio, Marshall propuso el fortalecimiento de la Dirección del Trabajo como un organismo más técnico y colegiado. "Eso puede compensar esa situación", dijo.
Agregó que el gobierno debiera acelerar la presentación del proyecto de modernización de la DT.
Fontaine pide cambios para dar prioridad al empleo
Varios fueron los cuestionamientos que planteó a la reforma laboral el economista Bernardo Fontaine en su intervención en la comisión de Trabajo de la Cámara Baja.
El economista partió definiendo a la agenda laboral como un trabajo "bien intencionado", con elementos "novedosos" y "positivos", pero al mismo tiempo que genera una serie de inquietudes.
La primera y más importante, es que se desconozcan los efectos que tendrá la reforma en el mediano y largo plazo, y que no se haya acompañado estudios para validar los cambios propuestos.
"Llama la atención que se discuta una reforma tan importante y se legisle sobre intuiciones, creencias, ideologías y sensaciones", expuso.
En su opinión, la reforma beneficiaría solo al 30% de trabajadores que están en condiciones de sindicalizarse, "creando una categoría de trabajadores privilegiados" y crea una afiliación "inducida" a los sindicatos.
Expuso que puntos como la adaptabilidad laboral tendrá un efecto negativo en las PYME y que a toda la reforma "le falta todo un capítulo enfocado en el empleo".
También fue crítico con el veto a la extensión de beneficios, el efecto negativo que tendría el reemplazo en huelga en las PYME, la prohibición del descuelgue en la huelga y la titularidad sindical.
¿Las propuestas? Para Fontaine, los cambios deben apuntar a dar prioridad al empleo e incluir el 70% de los trabajadores que actualmente "no están en la mesa".
En ese sentido, y enfocado principalmente a las PYME, planteó que la adaptabilidad laboral debe ser para todos; que exista mesa de negociación cuando el sindicato represente a menos del 55% de los trabajadores; acotar los términos del reemplazo en huelga para no perjudicar al resto de los cuidadanos (consumidores); que se reponga el derecho a descuelgue a la huelga, poniendo un límite de días; y, que la negociación sea voluntaria en los sindicatos interempresas.
"Hay que fortalecer los derechos colectivos pero con el cuidado de no llegar a extremos, cuidando los derechos de los ciudadanos", dijo.
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