El Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) realizó un análisis sobre el proyecto de ley del gobierno que modifica y perfecciona el sistema de notarios; valorando el texto que tramita el Congreso.
LyD señala que “la digitalización del sistema notarial es una medida hace tiempo deseada por todos los usuarios de la Administración de Justicia, y constituye una modernización que no puede esperar, si es que se pretende estar a tono con la tecnología actualmente disponible (firma electrónica, documentos electrónicos, registros digitalizados)”.
Manifiestan que “el proyecto cumple el doble propósito de agilizar notablemente los trámites ante las notarías, conservadores de bienes raíces y archiveros judiciales, y dejar a salvo la fe pública comprometida en las actuaciones de estos ministros de fe”.
Agregan que “las modificaciones propuestas al Código Orgánico de Tribunales (COT) y al Reglamento del Conservador de Bienes Raíces, son muchas y de cierta complejidad, lo que resulta ser consecuencia de la complejidad de la normativa vigente, por lo que se deberá examinar su contenido con precaución. La fe pública comprometida en esta normativa así lo exige. Se trata, en todo caso, de una de las más relevantes modificaciones que se le introducen al sistema notarial y registral”.
Entre los aspectos destacados se menciona la creación de un “repositorio digital nacional, donde se pueda consultar desde cualquier punto del país un instrumento público, es un adelanto de enorme trascendencia para la administración de la fe pública y para la seguridad jurídica de los actos y contratos, lo que se suma a la disminución de los costos de transacción en beneficio de todos los usuarios del sistema notarial y registral”.
Tambien menciona que el Servicio de Registro Civil deberá llevar un Registro Nacional de Interdicciones, donde se anotarán, por ejemplo, las resoluciones que declaran a una persona interdicta por demencia. Valoran el establecimiento del archivo digital de poderes, la digitalización de los documentos; y la posibilidad de que las escrituras públicas se extiendan electrónicamente, debiendo los comparecientes suscribir el documento mediante firma electrónica avanzada.
Sin embargo, piden precisiones en el “sellado de tiempo”. Lo anterior, porque cuando el notario suscriba un documento con firma electrónica avanzada, se le obliga también a emplear el “sellado de tiempo”, para dar certeza sobre el momento en que se ha generado el documento suscrito por el ministro de fe. Pero el sellado de tiempo no está definido ni en la ley 19.799 sobre documentos electrónicos ni en el proyecto.
Por lo tanto, piden “incluir en el proyecto la normativa propia del sellado de tiempo, so pena de no hacer aplicable esta modalidad para dar fecha cierta al documento y para que esa fecha constituya fe pública”.
El proyecto de ley también permite un sistema de fiscalización a distancia, utilizando los elementos digitalizados, y se encomienda dicha fiscalización a funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
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