Tras escuchar las explicaciones de las superintendencias de Valores y Seguros (SVS), Bancos e Instituciones Financieras (Sbif) y de Pensiones, el Senado acordó convocar a una sesión especial para el día miércoles 22 de junio, entre las 12 y 14 horas con el fin de recabar mayores antecedentes sobre las situaciones que han demostrado las debilidades del sistema bursátil, bancario y de pensiones.
Los senadores de las comisiones unidas de Hacienda y Trabajo calificaron como una grave "vulneración de la fe pública" y una "falla generalizada de los mecanismos de control y fiscalización" la situación generada a raíz de lo que calificaron como "prácticas para sobrevalorar la multitienda La Polar S.A".
En esta línea, el senador Eduardo Frei Ruiz-Tagle, presidente de la Comisión de Hacienda expresó su convicción de que "tras este caso fallaron todas las instituciones públicas y privadas destinadas a controlar y fiscalizar la empresa en todos sus niveles, no sólo respecto a los consumidores, ya que el 24% de sus recursos pertenecen a las AFP y más del 30% estaban en la Bolsa, en manos de ahorrantes".
Precisó que "quedó demostrado que habían señales de preocupación hace tiempo y nadie hizo nada. Además la información que hemos recibido da cuenta sobre lo que están haciendo a partir de este caso las distintas superintendencias, pero no sobre lo que ocurrió hace seis meses".
Asimismo lamentó que "entre las autoridades de gobierno se trate de bajar el perfil a la gravedad de esta vulneración de la fe pública" y criticó que "persistan los conflictos de interés entre directores de esta empresa que se desempeñan en firmas del Estado".
Coincidió con su par, la senadora Ximena Rincón, presidenta de la Comisión de Trabajo, quien manifestó que "aquí hay cientos de millones de dólares involucrados y que afectan principalmente a trabajadores y pequeños ahorrantes que invirtieron sus recursos en acciones de la empresa porque las señales de las autoridades no eran de alerta sino por el contrario, de certeza".
Asimismo recalcó que "nos preocupa constatar que lo que están haciendo las autoridades fiscalizadoras lo están haciendo desde 6 de junio, cuando un particular hizo un requerimiento a la Superintendencia".
Agregó que también "nos preocupa que directores de esta empresa sean a su vez directores de empresas públicas, sobre todo cuando uno ve desde el Ejecutivo la decisión de vender la participación que tiene el Estado en las sanitarias".
A su turno, el senador Alberto Espina, calificó como "un escándalo" y "una vergüenza" lo ocurrido con esta multitienda y aseguró que "deben aplicarse todas las sanciones legales en el ámbito administrativo y penal, si corresponde, porque se ha puesto en juego la fe pública y se ha incurrido en un engaño a los consumidores y se les ha repactado unilateralmente los contratos, cargándoles costos adicionales".
En ese sentido, valoró la actuación del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) que "ha actuado en forma correcta e inició un proceso de investigación cuando recibió denuncias de repactación ilegal de contratos. Incluso y, en virtud de sus facultades, la empresa se comprometió ante el Sernac a terminar esas anomalías y compensar a los afectados. Eso no se cumplió y se interpuso una demanda colectiva".
Mecanismos de Control
Por su parte, el senador Juan Pablo Letelier, aseveró que "aquí no existe sólo un problema con los consumidores que sufrieron repactaciones unilaterales, sino de una empresa que está constituida como sociedad anónima, que no tiene un grupo controlador y que posee un directorio que sobrevaloró el capital de la firma por los mecanismos de repactación de créditos a clientes con el fin de justificar y conseguir diversos objetivos".
Por ello, recalcó que "tanto la Superintendencia de Valores, como la de Bancos y la de Pensiones debieron haber actuado al revisar sus balances, estados financieros y contabilidades y ver que los números no tenían asidero. Asimismo se obvió si la división financiera de la multitienda tenía la proporción de deuda correcta y no se tomaron los resguardos necesarios en los dineros que invirtieron las AFP". Por otro lado, tampoco el sistema de auditoría a través de Price Waterhouse entregó luces sobre lo que ocurría realmente.
A su vez, el senador Camilo Escalona apuntó a la responsabilidad política que tiene el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín "siento que el impacto para el país es enorme, ya que se perdieron alrededor de US$ 500 millones. Nadie se enteró ni supo. Se desvanecieron en el curso de algunos meses y la autoridad no tuvo ninguna capacidad de poder evitar lo que era la sustracción, mediante un mecanismo engañoso, de los recursos de centenares de miles de personas que, de una u otra manera, están vinculadas al negocio del retail, a través de uno de sus conglomerados, en este caso, La Polar", sostuvo.
"Esto tiene un impacto en todo el sistema. Va a afectar también el funcionamiento de la banca, aunque sea marginal. No creo que sea bueno ni útil que la autoridad desconozca que acá hay un problema que afecta la credibilidad en todo el país y, por lo tanto, un fenómeno de gran dimensión", agregó.
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