Tal como ya había adelantado desde hace meses de la oposición que haría, por estos días comienza a tomar forma la utilización de la acusación constitucional en contra de algunos ministros a los que el sector ya había notificado. Este martes, la UDI anunció que presentará una acusación en contra de la ministra de Justicia Marcela Ríos; pero este miércoles fueron electos los integrantes de la comisión investigadora que estudiará la viabilidad de la acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, presentada por el Partido Republicano.
Los encargados de analizar el mérito de la acusación serán los diputados Karol Cariola (PC), Ericka Ñanco (RD), Clara Sagardia (indep.), Bernardo Berger (indep.) y Joaquín Lavín (UDI).
La acusación en contra de Jackson se funda en cuatro temas divididos en los correspondientes capítulos: el primero apunta a “Infringir gravemente y dejar sin ejecución la Ley N° 19.253, que sstablece normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena; la Ley N° 20.530, que Crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y modifica cuerpos legales que indica; y, la Ley N° 21.395, de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2022”.
El segundo capítulo de la acusación dice relación con “infringir gravemente la Constitución Política de la República y las leyes al vulnerar el principio de probidad y la imparcialidad dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y el haber acusado a una funcionaria de gobierno de delito como motivo de desvinculación del cargo, omitiendo como verdadera causa las instrucciones ilícitas e ilegales que se le dio a dicha funcionaria en el marco del SEIA”.
El tercer capítulo se refiere a “dejar sin ejecución la Ley N° 21.302 que crea el Servicio Nacional de Protección especializada a la Niñez y adolescencia y modifica normas legales que indica por no implementar oportunamente en lo relativo a la atención de niños gravemente vulnerados en sus derechos”.
Y, por último, en el cuarto capítulo se acusa a Jackson de “dejar sin ejecución la Ley 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia por no implementar oportuna y adecuadamente las Oficinas Locales de la Niñez, pese a existir planes pilotos, autorizaciones presupuestarias, presupuestos autorizados por ley y un marco reglamentario suficiente para la puesta en marcha de las referidas oficinas locales”.
Los pasos que vienen
A partir de la constitución de la comisión revisora, en los tres días siguientes se debe comunicar al ministro que está siendo acusado constitucionalmente y este tiene un máximo de diez días para asistir a la instancia a hacer su defensa o enviarla por escrito. Y la comisión tiene seis días desde la comparecencia de Jackson para analizar la acusación.
Cumplido este plazo debe sesionar las Sala de la Cámara para discutir la acusación, analizando y votando primero la cuestión previa, acerca de si la acusación cumple o no con los requisitos de procedencia. Si se acoge la cuestión previa, la acusación quedará por no presentada. Si, en cambio, se rechaza, el proceso continúa y la Sala deberá votar el fondo de la acusación, es decir, su admisibilidad. Si se aprueba, se nombrarán tres diputados para que la defiendan y sigan el proceso ante el Senado, que actuará como juez. Si se rechaza la acusación en la Cámara, el proceso termina ahí.
Se calcula que alrededor del 20 de enero se estaría discutiendo la acusación en la Sala de la Cámara de Diputados.
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