Finalmente llegó el día en que el proyecto que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales llegó a la Sala del Senado, luego que ayer martes la Comisión de Constitución de esta Corporación rechazara una serie de modificaciones que realizara la Cámara, durante el segundo trámite de la iniciativa en esa instancia.
De tal manera que, siguiendo la recomendación de la comisión, la Sala del Senado aprobó el informe de la Comisión por unanimidad (32 senadores presentes), despachando el proyecto a Comisión Mixta, la que deberá resolver las diferencias entre esa instancia y la Cámara en una serie de materias.
En este escenario, la tramitación del proyecto ingresado al Congreso a mediados de marzo de 2017 podría estar acercándose a su fin, tal como esperan los senadores de la Comisión de Constitución, quienes integrarán la Comisión Mixta.
Algunas de las materias que deberá resolver la Comisión Mixta tienen que ver con definiciones de conceptos, precisiones de términos, disposiciones referidas a la manera como se implementan algunas disposiciones y una controversia respecto al Ministerio Público, entre otras.
El objetivo de este proyecto es regular el tratamiento de los datos personales, asegurando el respeto y protección de los derechos y libertades fundamentales de los titulares de datos (personas naturales), en particular el derecho a la vida privada. Pero también, y este aspecto no es menor, incorpora un conjunto de principios rectores en materia de protección y tratamiento de los datos personales que han sido reconocidos en las directrices de la OCDE y en la legislación comparada. Estos principios constituyen el marco teórico y normativo que inspiran toda la regulación del tratamiento de los datos personales y permiten orientar la aplicación e interpretación doctrinaria y jurisprudencial de esta normativa.
Estos principios son la licitud del tratamiento, finalidad, proporcionalidad, calidad, seguridad, responsabilidad e información.
Entre otras cosas, con esta normativa, Chile busca además ser aceptado como país “adecuado” para Europa con una norma que le dé seguridad para hacer negocios en el Viejo Continente, entre otras cosas.
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