La comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó en votación dividida -siete a favor del oficialismo más la DC y cuatro en contra de la oposición- establecer un impuesto al patrimonio o a la riqueza, uno de los aspectos más debatidos de la reforma tributaria y que -al cierre de esta edición- se votaba en su articulado hasta total despacho para ser enviado a la Sala.
Mientras el oficialismo defendió el nuevo tributo, apuntando a la necesidad de que los que poseen más puedan aportar más para recaudar mayores recursos y así avanzar en mayores beneficios sociales; desde la oposición se indicó que esta normativa aleja inversiones y los altos patrimonios abandonarán Chile.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que el impuesto al patrimonio grava a personas naturales o con domicilio o residencia en Chile cuando su patrimonio supere el equivalente a 6.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), unos US$ 5 millones; a quienes tengan un patrimonio entre 6 mil UTA y 18 mil UTA se les gravará con una tasa de 1%; y los que exceden de 18 mil UTA, con una tasa de 1,8%.
“Dado que grava un patrimonio que se va modificando año a año, se estableció una indicación para establecer una carga tributaria máxima, de acuerdo a lo cual los contribuyentes nunca pagarían por concepto de impuesto a la renta más impuesto al patrimonio un monto mayor al 50% de la rentabilidad de su patrimonio”, dijo Marcel, agregando que para hacer esta comparación se presume una rentabilidad del 6% del patrimonio, pero el contribuyente puede solicitar aplicar una rentabilidad menor si es que genera los antecedentes de respaldo, siempre con una rentabilidad mínima de un 2%. Este impuesto se determina anualmente, debiendo ser pagado en junio del año siguiente.
Sostuvo que “no es un impuesto contra alguien, sino que para quienes tienen más en la sociedad. Y ante esta dicotomía que se plantea de hacer crecer la torta o distribuirla, lo que hay pensar es si estamos todos invitados al cumpleaños”.
Respecto a la eventual salida de capitales de inversionistas locales, Marcel informó que en las cifras recientes “se concentraron en la última parte de 2019 y en 2020, luego se han reducido las salidas de capital, lo que indica que se produjeron en momentos de mayor incertidumbre e inseguridad y eso se ha estabilizado en la medida que la economía se ha estabilizado y la situación política se ha ido encauzando”.
Intenso debate
El diputado Miguel Mellado (RN), señaló que “vamos en contra de los países de la OCDE que lo han eliminado”, mientras que Agustín Romero (Republicano) indicó que “esto es un incentivo a tratar de sacar la plata de Chile, es de una injusticia tremenda”.
En tanto Guillermo Ramírez (UDI) se enfrentó a su par del PC Boris Barrera al señalar que “la pregunta deshonesta intelectualmente y tromposa del diputado Barrera, en el sentido de que ¿acaso no quieren que paguen impuestos los más ricos? Le informo que hay varios impuestos y hoy los que más pagan impuestos son los que más tienen. Acá no estamos discutiendo si vamos a dejar a todos los ricos exentos o si van a pagar impuestos. Esta plata no está debajo del colchón y se va a ir, está generando desarrollo y progreso económico”.
Barrera planteó que “este impuesto está orientado a patrimonios cercanos a los US$ 5 millones, no se van a hacer pobres con este impuesto, son cerca de 4 mil personas los que van a pagar el 1% de su patrimonio y en otro tramo unas 1.600 personas que van a pagar 1,8%, de impuesto. Son el 0,048% de los chilenos”.
Para el diputado Jaime Sáez (RD) se debería permitir “una vez que esto esté en régimen, un espacio para analizar si recauda lo que tiene que recaudar o si da resultado. comparto el impuesto, lo planteado en la norma es razonable”.
Para Ricardo Cifuentes (DC) “este es un impuesto muy difícil de implementar, pero dado los antecedentes de Hacienda, esta es una forma de allegar recursos al Estado de este grupo que goza de un enorme patrimonio y habrá que intentarlo (recaudar más), por eso que teniendo mis dudas por su aplicación, estoy a favor”.
Beneficiarios finales
En tanto el presidente de la comisión de Hacienda, Jaime Naranjo (PS) lamentó en Sala que la reforma no esté considerada para ser votada en general antes del receso de febrero y solicitó a la mesa de la corporación reevaluar esa medida.
La comisión aprobó restringir exenciones al DFL2 y la creación de un “Registro Nacional de Personas Beneficiarias Finales” de empresas, que será administrado por el SII. El Registro contendrá información sobre las personas beneficiarias finales de las personas jurídicas, los fondos de inversión y otras entidades sin personalidad jurídica.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Congreso
