Norma Antielusión: 16 contribuyentes han desistido y pagaron los impuestos adeudados al SII

Uno de los legados principales de la reforma tributaria aprobada en 2014 es la creación de la Norma General Antielusión (NGA), vigente desde octubre del 2015.

En simple, este nuevo instrumento permite al Servicio de Impuestos Internos (SII) cuestionar actos, contratos y operaciones de parte de contribuyentes que, bajo la óptica del fiscalizador, hayan perseguido como único fin reducir el pago de impuestos.

“Las actuaciones del SII se han centrado en los efectos tributarios de las operaciones fiscalizadas”, dice el abogado de Recabarren & Asociados, Damián Boada.

Esto es lo que diferencia a la elusión de la evasión, ya que la primera se vale de medios legales para bajar la carga impositiva, mientras que la segunda es derechamente contraría a la ley.

Reciente aplicación

Si bien la NGA está vigente desde el 2015, recién el 2021 el SII comenzó a aplicarla vía fiscalizaciones, primero, y presentaciones de denuncias, después. El procedimiento es ingresar una acusación ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA), para que se investigue y resuelva la existencia o no de elusión.

Una solicitud vía transparencia realizada por el socio de Recabarren & Asociados, Damián Boada, da luces de la cantidad de casos que se han presentado ante la justicia especializada, pero también de un dato desconocido: ya hay contribuyentes que han desistido y se han allanado a pagar las diferencias de impuestos detectadas por el organismo.

En específico, el documento revela que desde el 29 de julio de 2021 -fecha en que por primera vez se activó el proceso de aplicación de la NGA- se han iniciado 56 procesos de fiscalización, junto con la presentación de seis requerimientos para aplicar la norma en los tribunales a lo largo del país.

Del total, en 16 casos los contribuyentes pagaron los tributos adeudados, por lo que el SII retiró el requerimiento respectivo.

La Dirección Regional Metropolitana Oriente del servicio, donde opera el Segundo Tribunal Metropolitano de los TTA,  es la que concentra la mayor cantidad de casos ingresados, con 14. Dicha jurisdicción abarca a comunas de contribuyentes de altos ingresos, como Providencia, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, entre otras. Entre las regiones, destacan las capitales de la Sexta Región (Rancagua) y de la Octava (Concepción).

El ABC de la normativa

La NGA es uno de los tantos cambios que incorporaba la reforma tributaria rechazada en la Cámara de Diputados en marzo, ya que modificaba la manera de aplicarse.

En la propuesta, se buscaba que fuera el mismo SII el que determinara la existencia de elusión, a través de un comité antielusión integrados por los subdirectores de Jurídica, Normativa y Fiscalización del servicio. El contribuyente podía reclamar administrativamente la calificación del acto elusivo. Durante la tramitación en la Cámara, Hacienda acotó la aplicación administrativa e incluyó más instancias de apelación, recopilación y explicación de los antecedentes para el contribuyente.

Desde el SII explican que los casos en trámite han sido analizados por el Comité de Análisis de Elusión de la Dirección Nacional, cuyo objetivo está alineado con el Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario (PGCT) 2023 que se presentó en enero, donde una de las prioridades declaradas fue fortalecer las competencias de los equipos regionales para aplicar la norma.

“Este fortalecimiento del control de la elusión también involucra una serie de acciones internas de procedimientos, capacitación, levantamiento de experiencia internacional, contemplando, asimismo, una serie de acciones preventivas y de difusión de cara a los contribuyentes, como la presentación del catálogo en regiones y mayor difusión de los esquemas entre los contribuyentes”, explican en el organismo.

Autoridad activa

Damián Boada, por su parte, explica que hizo la solicitud en febrero pasado en el marco del trámite de los cambios a la NGA en la reforma tributaria. “Pudimos confirmar que, desde el último cambio de administración, la autoridad tributaria comenzó a utilizar estas facultades en mucho mayor medida que las administraciones anteriores, tanto a nivel administrativo como judicial”, es una de las primeras observaciones del abogado.

“Esta información es sin duda positiva, pues demuestra que la NGA, en sus términos vigentes actualmente, funciona y permite al SII fiscalizar a los contribuyentes, respetando la garantía constitucional de éstos a un debido proceso. Esto se ha visto reflejado en la gran cantidad de citaciones por fiscalizaciones de NGA emitidas por el SII durante el primer semestre, lo que ha sido comentado por varios actores del mercado”, continúa.

Asimismo, Boada enfatiza que la existencia de la norma ha tenido un efecto disuasivo en los contribuyentes: “La reacción del mercado sí tiene un componente de preocupación, considerando que este proceso es nuevo para todos los intervinientes, y hasta ahora se ha visto al SII probando los límites de esta nueva herramienta, de forma que se distancia del proceso habitual de fiscalizaciones. En este sentido, las actuaciones del SII se han centrado en los efectos tributarios de las operaciones fiscalizadas, sin tener en consideración los efectos económicos de los negocios (tal como es su obligación y según los términos de la NGA vigente)”, detalla.