Las conversaciones para avanzar en el pacto fiscal continúan. Este lunes, representantes de partidos políticos acudieron al Ministerio de Hacienda, donde fueron recibidos por la subsecretaria de la cartera, Heidi Berner, y el co-coordinador de Política Tributaria, Nicolás Bohme.
En la cita, el Ejecutivo actualizó su propuesta de necesidades y prioridades de gasto, con el que busca solventar US$ 8.000 millones anuales en régimen, equivalentes a 2,7% del PIB, a implementarse en un plazo de seis años.
“El pacto fiscal se funda en la existencia de un conjunto de necesidades ciudadanas cuya satisfacción requiere de respuestas cuya envergadura financiera impide resolverlas dentro del proceso presupuestario regular en plazos razonables. Tales respuestas se estructuran en propuestas concretas de intervención pública, factibles de implementar en un plazo máximo de seis años”, señala el borrador del documento que fue enviado por Hacienda a los asesores de los partidos políticos.
Así, en el texto se reitera que hay cuatro ejes a financiar con lo recolectado con el pacto fiscal: pensiones (1,2% del PIB); salud (0,9% del PIB); prevención, seguridad ciudadana y crimen organizado (0,3% del PIB); y protección social (0,3% del PIB).
Pero, en el texto Hacienda se abre a incorporar una quinta prioridad: educación. Eso sí, Teatinos 120 no entregó un compromiso numérico del gasto a financiar, sino que se comprometió a realizar un análisis comparado de la inversión pública por nivel educacional, proyectando los compromisos remanentes de gasto e identificando áreas “prioritarias” para la política pública, como la educación preescolar y técnica.
En el borrador, Hacienda señala desde ya que el gasto público en Educación es alto si se compara con el promedio de la OCDE.
Por ejemplo, Chile invierte 4,2% del PIB y 16% del gasto público total en educación, versus el 10% que destinan los países OCDE. A nivel de enseñanza primaria, el gasto total de 5,4% del erario chileno contrasta con el 3,2% de media del grupo de naciones desarrolladas, mientras que en el nivel secundario el 5,5% chileno supera al 4,1% de las naciones OCDE.
“Incluso si medimos el gasto público como porcentaje del PIB -a pesar de que nuestro Estado es más pequeño que la mayoría de la OCDE-, el país se ubica en niveles relativamente elevados de gasto. A nivel primario y secundario, el gasto público totaliza 3,1% del PIB, mientras que el promedio OCDE es de 3,3% del PIB. Por su parte, el gasto público en educación terciaria es de 1,1% del PIB, contra una media de 1% del PIB a nivel OCDE”, señala Hacienda.
El borrador advierte que la dinámica de este gasto en los últimos años ha estado marcada por la demografía y por reformas que aún se encuentran en plena implementación.
“Así, mientras la presión demográfica se ha reducido por el menor ritmo de crecimiento de la población de menos de 25 años, las reformas pasadas han ejercido una significativa presión expansiva, particularmente aquellas asociadas a la gratuidad universitaria y a la nueva educación pública”, plantea el texto, que está siendo analizado por los especialistas de los partidos políticos.
Se viene el informe de la comisión Marfán
En tanto, la comisión conformada por un grupo de economistas y presidida por el exministro de Hacienda, Manuel Marfán, se alista a entregar las conclusiones de su informe sobre el efecto del crecimiento económico en la recaudación tributaria, uno de los insumos que utilizará Hacienda para definir las necesidades de financiamiento del proyecto que modifica el impuesto a la renta, a presentarse en marzo.
El viernes pasado, el citado economista expuso el borrador del informe ante el Consejo Fiscal Autónomo (CFA). La entidad formuló reflexiones y comentarios sobre los principales contenidos de dicha presentación.
Se espera que a fines de esta semana Hacienda reciba este insumo, el que se suma a un reporte de la OCDE que explicitará el espacio de recaudación proveniente de medidas de eficiencia en el gasto público.
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