La globalización de la economía ha levantado nuevos desafíos para la autoridad tributaria chilena, ya que son cada vez más los contribuyentes -empresas y personas- que no solamente pagan impuestos dentro del territorio, sino que también mantienen operaciones y flujos de dinero en el exterior.
De hecho, en los últimos cinco año las inversiones de chilenos en el exterior han pasado de representar un 32% del PIB a cerca de un 42%, mientras que las remesas aumentaron en cerca de cinco puntos del Producto su participación (ver gráfico).
Dado lo anterior, el Servicio de Impuestos Internos (SII) ha reforzado su estrategia internacional, con el objetivo de aumentar el control sobre operaciones transfronterizas y, así, determinar el correcto pago de los tributos correspondientes.
En el marco de su plan estratégico, la entidad identificó a 26 países, estados o jurisdicciones donde chilenos se han trasladado o realizado operaciones, para así evaluar los esquemas impositivos utilizados por los nacionales.
Dichas jurisdicciones han sido mencionadas en algunas de las principales filtraciones de información en la última década, como los Panama Papers, Paradise Papers, Bahamas Leaks y Pandora Papers, en las que se conocieron operaciones de autoridades políticas, económicas, del deporte y la cultura que serían lesivas al interés del Fisco.
En el listado figuran destinos considerados por el SII como de baja tributación, como los tradicionales Emiratos Árabes, Panamá, Andorra, Suiza e Islas Vírgenes Británicas, pero también considera a destinos preferentes para contribuyentes chilenos desde el estallido social y el inicio de la pandemia, como Florida y Delaware en Estados Unidos, y Uruguay.
Según el SII, el aprendizaje que permite el intercambio de experiencias, estrategias e inteligencia fiscal en materia de elusión transfronteriza ha hecho posible la identificación de “complejos esquemas con características elusivas”, que utilizan sociedades interpuestas (sociedad pantalla o instrumental), accionistas y directores nominales, acciones al portador, transacciones artificiales, abuso de las asimetrías de los sistemas tributarios de dos o más países y uso de diversos instrumentos legales.
¿Para qué fin? “Ocultar o dificultar el rastreo de los beneficiarios efectivos de rentas de residentes en Chile, al mismo tiempo que les permiten mantener el control de sus inversiones y libre acceso a sus recursos ocultos en el extranjero”, explican.
Intercambios de datos
El SII mantiene acuerdos de intercambio de información de contribuyentes con 136 países, los cuales abarcan cerca de un 96% del PIB global. ¿Qué tipo de datos se traspasan? Sobre cuentas financieras en el extranjero pertenecientes a personas con residencia en Chile; rentas pagadas por entidades extranjeras a personas residentes de Chile; y operaciones entre empresas relacionadas.
A octubre de 2021, ya se habían activado más de 4.500 intercambios bilaterales con más de 110 jurisdicciones respecto a cuentas financieras, detallan en el SII.
Medidas de corrección
La estrategia internacional del servicio está basada en tres pilares: el monitoreo de las operaciones internacionales basado en indicadores económicos; el fortalecimiento de la colaboración internacional y utilización de la información recibida de administraciones extranjeras; y el desarrollo de análisis basados en modelos de riesgo, con uso intensivo de tecnologías de información, ciencia de datos e inteligencia fiscal, y aplicación de sanciones.
Según el servicio, la estrategia ha derivado en $ 9,6 billones en recaudación de impuestos a remesas al extranjero entre 2017 y 2021; la recuperación para el Fisco de más de $ 170 mil millones en los últimos cinco años mediante medidas correctivas; y la recuperación de $ 60.000 millones en tributos por operaciones de precios de transferencia gracias a la firma de cuatro acuerdos anticipados en la materia.
“Otro pilar fundamental de esta estrategia es el análisis de datos y el uso de la tecnología de la información, con el objeto de identificar oportunamente planificaciones tributarias que busquen el incumplimiento, así como a quienes facilitan dicho incumplimiento y aplicar las sanciones que correspondan para asegurar una aplicación justa y equitativa de la normativa tributaria”, señala el director del SII, Hernán Frigolett.
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