Era una de las medidas más esperadas por la industria financiera y el retail por el alcance que podría tener en la relación entre consumidor y proveedor.
Ayer la presidenta Michelle Bachelet, acompañada de los ministros de Economía, Luis Felipe Céspedes, y de Hacienda, Alberto Arenas, firmó el proyecto de ley que busca fortalecer el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), cumpliendo así con uno de sus compromisos claves dentro de sus primeros cien días de gobierno.
Según una minuta divulgada por La Moneda, la iniciativa otorga atribuciones al Sernac para que fiscalice, sancione, interprete la ley y dicte normativas de carácter general en todos los mercados.
Con el objeto de agilizar los procesos, el proyecto propone que las denuncias por infracciones a la Ley del Consumidor sean resueltas por el propio Sernac y que las sanciones de indemnización, cuando hay prejuicios, sean competencia de los tribunales civiles. Con ello, se termina la potestad de los juzgados de policía local para resolver conflictos en el ámbito del interés individual del consumidor.
También se eliminan las restricciones que impiden una reparación íntegra de los daños causados al interés colectivo de los consumidores permitiendo, por ejemplo, las indemnizaciones por daño moral.
Sin duda, uno de los puntos que más fue destacado por la autoridad fue el aumento de las multas, tomando en consideración la entidad de los bienes jurídicos protegidos en cada caso y la experiencia práctica recogida por el Sernac.
“Estamos aumentando las multas que contempla la ley porque hoy los montos no son suficientes para evitar posibles infracciones ni tampoco se condicen en la mayoría de los casos con la gravedad del atropello y perjucio. Por ejemplo, la multa más alta actualmente es de UTM 1.000 para los casos de publicidad engañosa que terminen por afectar la salud o la seguridad del consumidor o el medioambiente; vamos a triplicar el monto máximo de esta multa”, explicó la mandataria.
En ese sentido, para los casos más gravosos la sanción monetaria prevista hoy en la legislación pasará desde $ 42 millones a $ 126 millones con la reforma legal.
El proyecto del Ejecutivo aumenta de seis meses a dos años el plazo de prescripción extintiva de acciones que persigan la responsabilidad contravencional, precisándose que este se computará desde que la infracción “haya cesado” y no desde que “se haya incurrido en la infracción respectiva” como lo establece la norma legal vigente.
También se potencia el rol de las asociaciones de consumidores, aumentando los recursos del fondo concursable para la representación de los intereses de los consumidores, y se deroga la prohibición que tienen estas organizaciones para desarrollar actividades lucrativas.
Más recursos y autonomía
El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, dijo que el proyecto “considera un aumento muy significativo en la dotación de personal”, cuyos detalles se entregarán cuando la iniciativa ingrese a trámite legislativo.
El personero señaló que el Sernac seguirá dependiendo del Ministerio de Economía. Sin embargo, se reforzará la independencia del organismo con un estatuto para el nombramiento y remoción de su director nacional, incluso, más riguroso que el que se usa para el Fiscal Nacional Económico.
El gobierno aseguró que el proyecto de ley ingresará hoy al Congreso.
Director del Sernac defiende legalidad de nuevas atribuciones normativas y sancionatorias
El director del Sernac, Ernesto Moreno, descartó que el servicio vaya a ser juez y parte y defendió la constitucionalidad de las nuevas atribuciones que se le otorgan en materia de fiscalización, multas, interpretación de la ley y normativa.
"Lo único que estamos haciendo es hacer procedimientos más eficientes para encontrar resoluciones para los consumidores. El procedimiento sancionatorio que se propone está dentro del ámbito legal con plena garantía del debido proceso y controlado jurídicamente por los tribunales de justicia, por lo tanto malamente se puede pensar que aquí va existir una fuente de abuso o intervención que no corresponde", señaló Moreno.
En ese plano, destacó que el proyecto de ley "avanza significativamente a tener un Sernac de clase mundial porque le entrega las facultades que nosotros vemos en otras jurisdicciones en países avanzados y desarrollados".
A su juicio, la nueva institucionalidad "va a crear los incentivos adecuados para que las soluciones se produzcan en los mercados, de cara a los consumidores, con anterioridad a que los consumidores tengan que reclamar". Agregó que "la idea es que el Sernac tenga la capacidad, las facultades y los recursos para defender adecuadamente a los consumidores y que las prácticas abusivas puedan recibir un castigo adecuado".
El abogado reveló, además, que "vamos a poder aplicar multas respecto de todas las obligaciones que están en la ley del consumidor, eso se aplica sobre cualquier mercado porque esta legislación se utiliza de manera supletoria en cualquier reglamentación especial y en algunos casos como en los procedimientos colectivos se aplica de manera directa cada vez que no exista un procedimiento especial".
Ernesto Moreno explicó que el procedimiento de multas se ponderará dependiendo de "reincidencia del proveedor en la misma conducta, la cantidad de infracciones que se cometido, la situación económica de la empresa y el daño efectivo que se produce a los consumidores. Por tanto, hay una serie de indicadores que van a permitir determinar multas efectivas dentro del marco de la ley para desincentivar la infracción masiva".
Por último, señaló que se va a mantener la división Sernac Financiero.
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