No fue casualidad que en plena ceremonia de inauguración del Plan Nacional de Participación, el titular del Mineduc, Nicolás Eyzaguirre, incorporara en su discurso el compromiso de derogar los artículos del DFL2, disposición legal que impide la libre organización de alumnos y trabajadores al interior de las instituciones de educación superior.
No fue casualidad, sino todo lo contrario: un guiño oportuno del ministro a la Confech, justo en el vencimiento del ultimátum que dio el movimiento social a Eyzaguirre para anular el decreto, principal condición estudiantil para dialogar.
Esta demanda por la democratización de los espacios educativos, ya figuraba en el primer petitorio del movimiento en 2011. De hecho, el ex ministro Joaquín Lavín se comprometió a acceder a la derogación sin que finalmente se llevara a la práctica.
Hoy nuevamente se pone la promesa sobre la mesa. “No nos parece que haya una ley que impida la participación en instancias de gobierno universitario. No obstante, sí respetaremos la autonomía de las universidades respecto del proceso de gobierno interno que estipulen” dijo el ministro.
Pese a la trascendencia del anuncio, admitió que aún no tienen los detalles de cómo se materializaría la medida ni el plazo para ejecutarla. “Hay mucha legislación en el Congreso, perfectamente puede incluirse dentro de esa o agregarla en una nueva. Sobre eso no hemos tomado una determinación, pero lo importante es nuestro compromiso en esto”, afirmó.
Decisión estudiantil
Pero para la Confech el compromiso de Eyzaguirre no es suficiente para confirmar su disposición a dialogar. En este escenario, la mesa ejecutiva de la Confech resolvió entregar una respuesta definitiva este lunes.
La presidenta de la Fech, Melissa Sepúlveda, especificó que “el anuncio que se debía hacer para considerar la garantía como cumplida, era el envío de ese proyecto de ley, que, al parecer, todavía no existe”. En tanto, Naschla Aburman, presidenta de la Feuc, agregó que lo manifestado por Eyzaguirre –por el contexto en el que se da- no responde a una convicción de gobierno, sino más bien al ultimátum puesto por los estudiantes
Más receptiva ante la noticia fue la vocera de la Organización de Federaciones de la Educación Superior Privada (Ofesup), Grace Arcos. “Por supuesto que ahora, cumplida esta garantía, nos unimos al proceso de diálogo, tenemos mucho que decir sobre la reforma”. Afirmó también que su próxima demanda será por las “herramientas legales para hacer efectiva la organización”.
Diálogo y acuerdo
El Plan Nacional de Participación se instala como la nueva estrategia comunicacional del gobierno para defender su reforma y recoger las inquietudes ciudadanas, en un contexto en que Eyzaguirre ha mostrado apertura a negociar puntos de su proyecto.
Este ánimo del ministro puso en alerta -entre otros- a los diputados de la bancada estudiantil, que el martes le manifestaron su preocupación, condicionando un futuro acuerdo a que los ejes del proyecto no se transen.
En esa línea, ayer, Eyzaguirre dijo que “no hay posibilidades de ‘arreglines’, porque las cosas están muy claras”. Un futuro consenso como el que hubo en materia tributaria sería un “acuerdo sin renuncios”.
Y ese principio puesto en práctica en el nuevo plan de participación, significaría que: “las opiniones que están en línea con el programa de la presidenta Bachelet, serán más que acogidas. Pero cuando nosotros tengamos opiniones que sean contradictorias a ese programa, obviamente que diremos, con mucha transparencia, que eso no lo podemos acoger”, aseguró.
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